Ordenanza vetada por la intendente desató un reclamo de comunidades en Tilcara
La comunidad Cueva del Inca impulsó un proyecto para asignar nombres oficiales a las pocas calles que conforman su territorio ancestral, la misma fue aprobada en primera instancia pero luego vetada por la jefa comunal, Sonia Pérez.
- Comunidad Cueva del Inca: Impulsó un proyecto para nombrar calles ancestrales en Tilcara.
- Veto municipal: La intendente, Sonia Pérez, rechazó la ordenanza argumentando una medida cautelar judicial vigente sobre litigio de tierras.
- Reclamo de la comunidad: Consideran el veto discriminatorio y argumentan que nombrar calles no afecta la cautelar ni el terreno en disputa.
La comunidad Cueva del Inca de Tilcara impulsó un proyecto desde su asamblea comunitaria para asignar nombres oficiales a las pocas calles que conforman su territorio ancestral (aproximadamente entre 5 y 8 arterias), ya que los vecinos viven hace años "sin identidad" domiciliaria.
Los concejales de la localidad acompañaron la iniciativa y aprobaron por unanimidad la Ordenanza N° 11-2026 el pasado 19 de mayo de 2026.
Sin embargo, el viernes 29 de mayo, dentro del plazo legal de 10 días, la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, rechazó por completo la normativa firmando el Decreto de Veto N° 40-2026.
Malestar en la comunidad
Tras la determinación de la jefa comunal, se desató el malestar en la comunidad que decidió reclamar este lunes en el Concejo Deliberante.
La comunera Miriam Alfaro dialogó con Radio 2 sobre el conflicto y expuso que la intendente justificó el veto amparándose en una medida cautelar vigente dictada por la justicia provincial en el marco de un histórico litigio por tierras entre el municipio y la familia Mendoza. Según el Ejecutivo, avanzar con la ordenanza violaría dicha cautelar.
Sin embargo, la referente del pueblo originario aclaró que la medida cautelar prohíbe las modificaciones edilicias, la construcción o la extensión de servicios básicos en el inmueble en conflicto, pero que no existe ninguna prohibición legal para poner nombres a las calles.
En tal sentido, definió la asignación de nomenclatura como un simple "acto administrativo y cultural" y un derecho universal que no altera el terreno en disputa.
La comunidad califica la decisión de la intendenta Sonia Pérez como un acto abiertamente discriminatorio y una incoherencia política.
Alfaro argumentó que prohíben la identidad de este sector originario, a pesar de que a fines de 2024 la misma mandataria municipal había impulsado un proyecto para nombrar calles en otras zonas del pueblo.
Agregó que al no tener nombres de calles ni numeración, los vecinos sufren graves dificultades cotidianas: no pueden recibir encomiendas, realizar trámites personales en el Registro Civil ni guiar de manera precisa a las ambulancias en urgencias médicas o a las cuadrillas de servicios.