La frenética agenda de las sesiones extraordinarias continúa sin freno en el Senado, que buscará dictaminar esta tarde y dejar listo para el recinto la iniciativa que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El tema será tratado, desde las 14.30, por el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
El oficialismo busca dictamen para tratar el Régimen Penal Juvenil en el Senado
Las firmas para el plenario de esta tarde de las comisiones de Justicia y de Presupuesto de la Cámara alta estarían aseguradas.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados, con votos del oficialismo libertario y bancadas dialoguistas que, al comparar con la Cámara alta, previsualizan una eventual sanción de la ley la semana próxima. No obstante, tras la mini crisis generada por el propio Gobierno con la reforma laboral, al menos dos bancadas aliadas deslizaron en las últimas horas que si bien acompañarán esta tarde con sus firmas en el plenario de comisiones, reclamarán precisiones sobre la letra chica del texto.
“Hay algunos puntos que, por ahora, no están del todo claros. Vamos a firmar mañana -en referencia a hoy- el dictamen, pero no queremos que pase lo de la reforma laboral y si no se resuelven los interrogantes hasta el día de la sesión, ya sea con un reaseguro preciso y anticipado en la reglamentación, evaluaremos los pasos a dar”, manifestaron desde un despacho de peso. Bajo esta premisa no sería extraño que, en el encuentro de hoy, algunos avales sean en disidencia.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no sólo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.
Por otra parte, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.
Durante el debate en el recinto de la Cámara baja, la diputada libertaria -y miembro informante- Laura Rodríguez Machado (Córdoba) señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni da respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.