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Luz verde a un polémico proyecto del oficialismo que limita la autonomía municipal

Se trata de la ley de "Transparencia y Control de la Obra Pública y Políticas Habitacionales", una herramienta más para disciplinar a las intendencias y comisiones municipales de la provincia que venían abogando por una Ley de Coparticipación. La normativa se aprobó en el marco de la 4º sesión ordinaria concretada este jueves.

  • El gobierno logró hacerse de una herramienta normativa más para controlar las voluntades de los municipios y garantizar la debida obediencia.
  • Fue en el marco de la 4º sesión ordinaria.
  • Diputados acusaron al gobierno de limitar las autonomías municipales.

Este jueves se concretaron dos sesiones en la Casa de Piedra de la provincia, una especial y otra ordinaria.

Durante la 6º sesión especial se dio acuerdo a dos designaciones: Martin Francisco Llamas, como vocal del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras Concesiones - SUSEPU, y Dante Oscar Rivas, como fiscal Adjunto de la Oficina Anticorrupción.

Luego se dio inicio a la 4º sesión ordinaria donde, por un lado, se trató un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género. Por otro lado, se aprobó la ley 6179 “Transparencia y Control de la Obra Pública y Políticas Habitacionales, una polémica iniciativa que plantea brindarle al gobierno de Morales “herramientas de estricto contralor” para la ejecución de la obra pública.

El proyecto establece: “Resulta procedente, instituir mecanismos de contralor provincial, de observancia obligatoria, para la ejecución de la obra pública, con recursos nacionales o provinciales, con eficacia en la implementación de planes, programas y otros proyectos que el gobierno nacional ejecute en el territorio de la provincia de Jujuy, a través de la provincia, municipios u organizaciones sociales, promoviendo la eficacia en la materia , que es vital para el éxito del mercado y el mejor destino de los fondos públicos”.

En el artículo 5º se hace hincapié en la cuestión de la autorización previa: “A partir de la sanción de la presente ley, toda obra pública en general y toda obra destinada a la ejecución de la política habitacional en el territorio de la provincia de Jujuy, sea está desplegada por el Estado provincial y/o municipal con recursos provinciales o nacionales y/o por el gobierno nacional en forma directa o a través de organizaciones sociales, deberá contar con la previa habilitación de los organismos gubernamentales competentes indicados en el artículo precedente”

El texto de la iniciativa deja en claro que, con el objetivo de alcanzar la “transparencia”, se faculta al gobierno a tener la última palabra a la hora de autorizar cualquier obra en un municipio de la provincia. Incluso le permite al gobierno suspender la ejecución de obras y procesos de licitación, adjudicándole el control de las cuestiones más importantes.

En distintos fragmentos de la normativa, el gobierno justifica el avance sobre los municipios con una supuesta búsqueda de la transparencia, una cuestión que resulta llamativa viniendo de una gestión que no rinde cuentas incluso pese a los reiterados pedidos de los legisladores.

El tema generó un fuerte malestar y el rechazo de ciertos intendentes que entienden que el gobierno pretende avanzar sobre la autonomía municipal.

Jujuy es una de las dos provincias que no cuenta con ley de coparticipación, ello pese a los reiterados pedidos de los jefes comunales. La falta de voluntad de dar el debate responde básicamente a que el gobierno puede de esta manera disciplinar a los municipios.

Consultada al respecto, la diputada del PJ Alejandra Cejas sostuvo: “No vamos a acompañar el proyecto referido a las obras que pueden gestionar los municipios y que el gobierno pide que primero se autoricen por el gobernador. Esto es limitar las autonomías municipales”.

“Claramente es limitativo de la facultad constitucional que tienen intendentes”.

Es blindar más la posibilidad de desarrollo de las intendencias y comisiones municipales. Es blindar más la posibilidad de desarrollo de las intendencias y comisiones municipales.

Por su parte, Alejandro Vilca, diputado del Frente de Izquierda, señaló que la Ley de transparencia en la obra pública, deja a los municipios sin la posibilidad de gestionar ante Nación.

“Es parte de una disputa para ver quien tiene los fondos nacionales, muchas veces la Nación hace acuerdos directamente con municipios por licitaciones y lo que se pretende acá es que la provincia tenga el control de que esos fondos lleguen y se realice la obra. Pero más allá del control de recursos, el problema está en que todo lo hace el mismo gobierno y todo cae en sacos rotos. Los mismos funcionarios afines se controlan entre ellos, es algo muy loco”

“Creemos que el mejor control es el del pueblo, por eso no vamos a acompañar esta decisión que es para que el mismo gobierno tenga más poder”.

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