"¿Dónde está el 1% de la obra pública?": exigen saber qué hizo el gobierno con los fondos para arte y cultura
El diputado provincial Juan Soler presentó un pedido de informe en la Legislatura para que el Ejecutivo rindiera cuentas sobre la aplicación del Artículo 18° de la Ley 1.864. La normativa exige destinar un 1% de cada obra ejecutada al embellecimiento artístico, dinero cuyo ejecución no está clara en los últimos cinco años.
La falta de transparencia en la administración de la obra pública en Jujuy vuelve al centro del debate parlamentario. A través de un proyecto de solicitud de informes, el diputado Juan Soler intimó al Poder Ejecutivo provincial a detallar en un plazo de 15 días qué ocurrió con los fondos millonarios que, por ley, debieron asignarse a la cultura en cada infraestructura financiada por el Estado entre los años 2021 y 2026.
El punto central del reclamo gira en torno al cumplimiento del Artículo 18° de la Ley N° 1.864 de Obras Públicas. Esta norma establece de manera taxativa que el 1% del costo total de cada obra provincial debe invertirse en su embellecimiento mediante obras de arte, como murales, esculturas o pinturas. Sin embargo, ante la falta de registros públicos sobre estas asignaciones, la iniciativa busca determinar si existió una subejecución, un desvío o la abierta omisión de estas partidas.
"Los órganos del Estado no poseen facultades discrecionales para omitir o alterar la aplicación de las normas. Cuando la ley manda a destinar un porcentaje específico de la inversión pública a un fin determinado, el Estado tiene la obligación jurídica y ética de acreditar dónde están esos dineros", fundamentó el legislador, al remarcar que los fondos involucrados provienen directamente del esfuerzo de los contribuyentes jujeños.
El pedido exige que tanto el Ministerio de Infraestructura como el de Cultura y Turismo presenten la documentación contable correspondiente, con copia e intervención directa de la Auditoría General de la Provincia. La iniciativa pone bajo la lupa el control de los dineros públicos y expone cómo partidas legalmente afectadas a la cultura terminan diluyéndose en el manejo opaco del presupuesto provincial.