De Vido a la Justicia Federal por fraude a la administración pública
La denuncia refiere la "posible participación de estos funcionarios públicos, quienes a través de omisiones funcionales en sus deberes de control de gestión y, en algunos casos, a través de conductas comisivas, en la autorización de transferencias de fondos estatales, efectuaron un aporte necesario sin el cual no hubiese sido posible el fraude a la administración pública".
Los hechos, según continúa el escrito al que tuvo acceso Télam, fueron consumados en Jujuy por los integrantes de la "Cooperativa Pibes Villeros, formada por Patricia Margarita Cabana, Javier Rosario Rivero, Iván Dante Altamirano, estos últimos liderados por Milagro Sala".
Quienes "conformaban una asociación ilícita, cuyo objetivo era justamente defraudar a la administración, encauzando ilícitamente fondos públicos que eran obtenidos, al menos en este caso, gracias al aporte omisivo y comisivo de los mentados funcionarios".
En otro tramo, la extensa denuncia relata puntualmente que los ex funcionarios denunciados, "autorizaron y/o consintieron una serie de Addendas en el marco de un programa nacional para la construcción de viviendas por medio de cooperativas, y a partir de ello, libraron desembolsos y respectivas órdenes de pago, aun teniendo pleno conocimiento de la finalización de las obras involucradas".
Los otros denunciados son Roberto Baratta, ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, y Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Dichos ex funcionarios son denunciados ya que "teniendo deberes de control fiscalización facilitaron, a través de su obrar omisivo, el direccionamiento de fondos a las Cooperativas mencionadas, pese a las irregularidades que surgen manifiestamente de los expediente que surgen como prueba", indica.
Las lista de acusados se cierra con Germán Nivello, ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente del Ministerio de Planificación, y según la denuncia "en la época en que ocurrieron los hechos, autorizó irregularmente transferencias estatales de fondos, mientras el Gustavo Carrizo, ex Coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Jujuy, "libró órdenes de pagos dirigidas a cooperativas, pese a las serias anomalías existentes".
"Es por ello que sus conductas, quedan encuadradas en la figura de la participación necesaria del fraude a la administración pública. Esto, sin perjuicio de que, en el caso de los funcionarios públicos, sus actos se enmarquen además, en el tipo penal del Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos", sostiene el escrito.
La denuncia se realiza en el marco del Programa Nacional para la construcción de viviendas denominado, "Programa Federal de integración socio-comunitaria", entre los años 2013 y 2015, donde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios rubricó junto con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y varios municipios jujeños una serie de convenios para la construcción de viviendas por medio de cooperativas.
Si bien los convenios fueron cumplidos y las obras terminadas "se acordaron financiamiento adicionales para garantizar la correcta terminación de las obras por montos que en total ascienden a más de 149.000.000 de pesos, y cuando menos se pagaron 86.000.000 de pesos". (Télam)