Corrupción: 5 errores del gobierno en el caso INBER
A mediados de abril de 2017, durante un feriado largo, un escandaloso audio se viralizaba por redes sociales. En él, se podía escuchar cómo un abogado con vínculos con el gobierno le pedía coimas a un empresario, contratista de obra pública, a cambio de hacer desaparecer expedientes que, según el supuesto coimero, demostraban la comisión de delitos.
La empresa involucrada es INBER Construcciones, propiedad de Rodrigo Insausti, quien admitió haber registrado en una nota de voz todo el episodio.
Salpicado por un hecho de corrupción, el gobierno se despegó del supuesto coimero y acusó al empresario de hacer circular el material, cómo método de extorsión ante la falta de pago de obras, que la gestión se negaba a cancelar por haber detectado irregularidades.
El escandaloso cuadro derivó en expedientes con denuncias que recayeron en la oficina anticorrupción y en la fiscalía de investigación penal.
Desde hace semanas una fuerte versión inquieta a los funcionarios provinciales: la investigación técnica que solicitó el titular de la oficina anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, para estudiar la obra que la empresa INBER realizó para la provincia y por la que mereció la acusación del gobierno actual, habría determinado que no se puede comprobar fehacientemente si hubo vicios o irregularidades que permitan probar hechos de corrupción.
Según estos trascendidos, al tratarse de obras de enripiado, transcurrido cierto tiempo es imposible corroborar si los trabajos fueron realizados en los términos en los que se pactó inicialmente la contratación.
La empresa, sobre la que se tejen una innumerable cantidad de sospechas, aún hoy pretende cobrar por las obras que asegura haber realizado en el barrio San Martin, en las inmediaciones del centro de San Salvador de Jujuy.
De confirmarse la versión, el informe técnico dejaría expuestos a los funcionarios que salieron a denunciar abiertamente corrupción en la obra pública manejada por la gestión de Eduardo Fellner, e incluso al propio gobernador Gerardo Morales, quien dijo en conferencia de prensa que no pensaba pagarles a los empresarios por las sospechas que había en los expedientes.
El ministro de infraestructura, Jorge Rizzotti, por su parte, habló de una matriz de corrupción en la que incluyó a INBER construcciones, y acusó a la empresa de extorsión.
Toda la verborragia pública hasta hoy no pudo ser sostenida ni en estrados judiciales ni en la oficina anticorrupción, cuyo titular esquiva el contacto con los medios locales. El informe técnico no haría más que confirmar las incongruencias.
En medio del escándalo y a modo de defensa, los funcionarios afirmaron públicamente al menos cinco situaciones que con el tiempo no pudieron sostener.