La Iglesia también adhiere a la marcha

El organismo eclesial, integrado principalmente por laicos, invitó a los creyentes a sumarse a esta iniciativa mediante la "oración al Señor de la Historia, pidiendo para nuestra Patria paz, justicia y verdad".

La Comisión, que preside Gabriel Castelli, ex director nacional de Cáritas Argentina, expresó en un comunicado su adhesión a la marcha del 18 de febrero "en el entendimiento de que se trata de un acto no partidario, de hondo sentido y valor republicano". 

En tanto, fuentes eclesiásticas dijeron a DyN que "no va a haber una participación de los obispos de manera formal u oficial".

La marcha de los fiscales en homenaje a Nisman, que apareció muerto el 18 de enero en su departamento después de haber denunciado a la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios kirchneristas de encubrir el atentado a la AMIA, sumó críticas del oficialismo y la adhesión de sectores del Poder Judicial, la oposición, la comunidad judía y la ciudadanía.

Ayer, la primera mandataria acusó a sus organizadores de optar por marchar en silencio porque "no tienen nada que decir o no pueden decir lo que piensan".

Fuentes del organismo eclesial consultadas por DyN evitaron hacer comentarios sobre las expresiones de la primera mandataria y pidieron "no buscarle dobles lecturas o interpretaciones a esta adhesión de los laicos católicos".

A los pocos días de la muerte de Nisman, la Comisión Nacional de Justicia y Paz advirtió sobre "circunstancias de extremada gravedad institucional", exhortó a las autoridades a que "extremen los recaudos para el completo esclarecimiento de los hechos" y recordó que permanece impune la causa por la voladura de la mutual judía.

A su vez, la Conferencia Episcopal Argentina, que preside monseñor José María Arancedo, expresó su "conmoción y perplejidad" por la muerte del fiscal Nisman y pidió "superar las sombras de la impunidad".

La Comisión cuenta el con asesoramiento eclesiástico del obispo Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y tiene entre sus miembros al titular de la Acción Católica Argentina, Emilio Inzaurraga, y al ex embajador argentino ante la Santa Sede Vicente Espeche Gil.
Mantiene contactos permanentes con los otros credos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector político.

El organismo laical jugó un panel clave en la mesa del Diálogo Argentino que se conformó tras la crisis 2001-2002 y el año pasado cuestionó que los legisladores sean "llevados a votar leyes relevantes" sin un debate serio y cuidadoso tras la sanción del nuevo Código Civil y Comercial.

Agrupación de abogados también convoca a la marcha

La agrupación independiente de abogados Bloque Constitucional informó su adhesión a la marcha convocada para el próximo miércoles al cumplirse un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La agrupación invitó a los ciudadanos a participar "en apoyo de la independencia de la Justicia y de los fiscales que deben investigar delitos que involucran a funcionario públicos".

"Reclamamos verdad y justicia para la resolución de la causa AMIA y de la denuncia efectuada por el Fiscal Alberto Nisman por el delito de encubrimiento agravado para dotar de impunidad a los autores de este crimen de lesa humanidad", dijo la agrupación de abogados. 

Cuestionamientos al gobierno

Representantes de la oposición política, del Poder Judicial y otras organizaciones sociales debatieron  en el Congreso sobre el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman con fuertes cuestionamientos al gobierno y una expresa preocupación por la dificultad que enfrentan jueces y fiscales para trabajar "con independencia y libertad".

La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman, participó en el debate y reclamó a toda la dirigencia política "estar a la altura de las circunstancias" y manejarse con "prudencia, respeto" para "no seguir politizando" la investigación de la muerte del fiscal y "dejar que la justicia y el Ministerio publico fiscal trabajen tranquilos".

La audiencia pública, que se desarrolló en el salón Azul del Senado, contó con la participación de los precandidatos presidenciales Ernesto Sanz (UCR), Julio Cobos (UCR) y Hermes Binner (Partido Socialista), pero no estuvieron ni la jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, ni el titular del Frente Renovador, Sergio Massa.

En el marco de esta reunión convocada por el grupo "Consenso Parlamentario" que integran la UCR, el PRO, Coalición Cívica, Frente Renovador, UNEN, Peronismo Federal y otros bloques parlamentarios, representantes judiciales ratificaron la convocatoria para la marcha de silencio programada para el próximo miércoles en homenaje a Nisman.

Justamente el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, al abrir la lista de expositores remarcó que la convocatoria a la marcha que hacen jueces y fiscales "es un homenaje a un compañero que ha muerto en ejercicio de su deber".

El magistrado sostuvo que "es terrible observar que después de la denuncia que hizo" en contra de la presidenta Cristina Fernández "el fiscal debía haber sido el hombre más protegido de la República y no lo fue. Y no solo no fue protegido en vida, tampoco fue respetado en su muerte".

Por su parte, el vicepresidente primero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eduardo Awad, marcó que "queremos que la justicia haga su tarea" de investigación de la muerte del fiscal Nisman "despojada de cualquier tipo de presión política".

Mientras que el fiscal José María Campagnoli reiteró que "nos preocupa a los fiscales la dificultad que encontramos para trabajar con independencia y libertad".

El titular del gremio de Judiciales, Julio Piumato, apuntó que hasta ahora los fiscales podían enfrentarse a "la pérdida de su puesto de trabajo", pero eso cambió a partir de la muerte de Nisman, que definió como "un crimen político".

En tanto, Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), reflexionó que "vivimos en un país como el del '73. Ahí se instaló el asesinato político", en referencia a los años previos al golpe de Estado del '76.

El ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, apuntó que "las estructuras cuasi mafiosas de los servicios de inteligencia pertenecen y tienen la conducción política del gobierno", mientras que la legisladora porteña Graciela Ocaña hizo un llamado para ponerle "un freno al intento de copamiento de la Justicia y de la Corte".

El ex fiscal Pablo Lanusse también instó a "recuperar la República frente al autoritarismo fascista" del gobierno y resaltó que "no debemos caer más en cortinas de humo" como el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que esta tarde consiguió la media sanción del Senado.

Incluso, Lanusse sostuvo que la presidenta Cristina Fernández "no tiene autoridad moral" para impulsar una reforma de inteligencia y, casi al borde del llanto, sostuvo que la mandataria "no nos puede mirar a los ojos porque sabe que la muerte de Nisman salpica con sangre su gobierno".

En tanto, la titular de APEMIA, Laura Ginsberg, insistió que la muerte de Nisman "ha sido un crimen político", a la vez que reiteró la propuesta para que se conforme una comisión bicameral especial para investigar el atentado a la AMIA. (DyN)