La extinción de dominio va por decreto
Si no hay ley, que haya DNU. El debate en el Congreso de la Nación por el proyecto de extinción de dominio que impulsaba el oficialismo había quedado sin avances luego de la media sanción, con modificaciones, del Senado.
Correspondía a Diputados volver a debatirlo, sin embargo se estancó por la falta de acuerdos y ni siquiera fue incluido en extraordinarias.
Hoy, el Presidente Macri decidió avanzar en el asunto y, en un anuncio de menos de cinco minutos, manifestó que se va a firmar un decreto de necesidad y urgencia para crear las herramientas legales por la cual la justicia civil podrá recuperar bienes o dinero que se hayan obtenidos a través del cohecho. narcotráfico, trata de personas, entre otros.
“No alcanza con condenar a aquellos que lideran estas bandas de criminales, porque mientras tengan recursos van a seguir operando. Por eso también hay que atacar su poder económico” dijo Macri en la conferencia de prensa. Y cerró diciendo “que en la Argentina de hoy, el que las hace las paga”.
Después de la conferencia del Presidente, los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich aclararon algunos aspectos de su implementación. Este mecanismo se establece dentro del fuero civil y comercial federal exclusivamente, a diferencia de las modificaciones introducidas en la Cámara de Senadores. Se le va a brindar a los fiscales las herramientas y posibilidad de iniciar un proceso para recuperar activos que provengan de delitos. Así, buscan que la justicia civil pueda avanzar independientemente del proceso penal y darle mayor celeridad.
El decreto prevé la creación de una nueva procuraduría en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y también la participación de la Procuración del Tesoro Nacional.
Los fiscales actuaran una vez que haya bienes secuestrados por parte de la Justicia y por sobre aquellos que se comprueben fueron adquiridos luego de un acto delictivo. Por último, uno de los puntos que puede traer mayor debate, la aplicación será retroactiva a 20 años.
De esta manera, mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos. Los bienes decomisados pasarán a ser administrados por el Administración de Bienes del Estado (ABE). Si luego el acusado resulta condenado o no en el fuero penal no modificará la decisión del juez civil interviniente.
“En estos años de gobierno hemos decomisado 23 mil millones de pesos. Imagínense lo que podremos recuperar a partir de ahora” declaró Patricia Bullrich.
Por su parte, Elisa Carrio de la Coalición Cívica y referentes de la Unión Cívica Radical, como Mario Negri, celebraron la medida tomada por el Gobierno Nacional. Se espera que mañana esté publicada en el Boletín Oficial.