Nación inició contactos con gobernadores para desactivar la sesión sobre endeudamiento

Distintas figuras de la Casa Rosada iniciaron los contactos este fin de semana con gobernadores dialoguistas con el objetivo de frustrar la avanzada opositora en la Cámara de Diputados que busca tratar dos temas incómodos para el Gobierno: la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar.

La sesión fue convocada para el miércoles 9 de septiembre a pedido de bancadas de la oposición más dura como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, pero también de otras más dialoguistas como Elijo Catamarca, Argentina Federal —que contiene a los legisladores de Salta, Misiones, San Luis y Formosa—; y Provincias Unidas, integrada por representantes de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy.

En Balcarce 50 aseguraron que ya iniciaron las gestiones con las provincias con las que mantienen un mejor vínculo con el objetivo de evitar las 129 presencias que permitirían abrir la sesión. “Seguramente habrá esfuerzos”, ratificó otra fuente del oficialismo.

Como ocurre ante cada discusión legislativa, los interlocutores del Gobierno con los aliados son el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y su primo, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

Entre los mandatarios provinciales que podrían destrabar o bloquear la sesión, aparecen los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta); Ignacio Torres (Chubut) del PRO; los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Carlos Sadir (Jujuy), y Hugo Passalacqua (Misiones), entre otros.

La relación de cada uno de ellos con la Casa Rosada varía según el caso y la coyuntura política, en un contexto donde el oficialismo comienza a definir en qué distritos competirá y en cuáles llegará a acuerdos con los gobernadores para 2027.

Los temas que empuja la oposición en Diputados

El eje central de la sesión convocada para el 9 de septiembre busca avanzar sobre dos proyectos que hoy no cuentan con dictamen de comisión y que el oficialismo evitó tratar hasta ahora.

Por un lado, la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, en un contexto donde organizaciones y prestadores todavía denuncian aranceles atrasados, compensaciones impagas y pensiones frenadas.

Por otro, una serie de iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar, en un escenario de niveles récord de mora con un universo de alrededor de 5,6 millones de personas que no pueden afrontar sus deudas.

Entre estas últimas aparece el proyecto de la diputada Natalia Zaracho, respaldado por el jefe de bloque Germán Martínez, que propone declarar por dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para las deudas acumuladas. Aunque las distintas propuestas presentadas difieren en el nivel de intervención estatal que plantean, en general apuntan a programas de refinanciación, topes a las cuotas según el nivel de ingresos y mecanismos de mediación.

Por su parte, el Presidente y el Gobierno han sido claros en su postura: el endeudamiento es un problema entre privados —los deudores y los bancos— y no una cuestión de Estado.

Por eso, el oficialismo hará todo lo posible para bloquear el avance de las iniciativas de la oposición en el Congreso y así evitar un escenario similar al que enfrentó en la previa de las elecciones de 2025.

Al día de hoy, el Gobierno acusa que las leyes deficitarias aprobadas en aquel entonces desencadenaron la suba de tasas y la ralentización de la baja de la inflación. “Están buscando que tengamos algún impacto del tipo fiscal para desestabilizar la economía”, aseguró este lunes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.