Los "barones del interior jujeño" se adueñan de la vida de sus empleados
- Caso Gisela Sánchez: desde el SEOM manifestaron su apoyo a la familia de la empleada municipal sampedreña quien falleció por Coronavirus en diciembre 2020 tras reincorporarse a su trabajo aparentemente bajo presión de las autoridades.
- Para el secretario del Interior existen cientos de casos similares en Jujuy, pero ninguno con semejante evidencia sobre la negligencia política.
- "La familia debe movilizar para que los reclamos populares muevan una justicia politizada" expresó.
Las repercusiones sobre el caso Gisela Sánchez y el atasco de la denuncia penal en el poder judicial siguen brotando.
Mientras la familia expone mediáticamente la responsabilidad de las autoridades municipales sampedreñas que habrían obligado a la joven profesional a trabajar a riesgo de contagiarse de Coronavirus, el SEOM no solo manifiesta su apoyo a favor de la familia damnificada, también describen un sinfín de irregularidades del mismo tenor registradas desde el inicio de la pandemia.
“Este caso en su momento tuvo mucha repercusión y desde el sindicato acompañamos, participamos de distintas movilizaciones pidiendo justicia. Es un caso más de este tipo de abusos sobre trabajadores municipales, por la falta de legislación que los puedan parar. Los funcionarios se sienten dueños de la vida de los municipales” explicó el secretario del Interior Santiago Seillant al dialogar con Radio 2.
En su relato Seillant describe trabajadores prestando sus respectivos servicios, aún bajo tratamiento de diálisis o con severas comorbilidades contempladas en los decretos nacionales que habrían sido pasadas por alto adrede.
Los abusos de este tipo tendrían su origen en los huecos legales que hacen a los derechos de trabajadores municipales, normativas obsoletas sin adecuación desde hace casi 50 años agravadas por “una cuestión de la cultura política en el interior”, según agrega Seillant.
“Hay una anomia hay una falta de resguardo legal, básicamente el trabajo municipal no está cubierto, hay una ley del año 74 totalmente obsoleta con situaciones no contempladas, como ser carrera administrativa, estabilidad laboral, resguardo frente a este tipo de abusos”.
Consultado acerca de la cantidad de denuncias efectuadas por episodios similares al de Gisela Sánchez, el sindicalista reconoció que “muy pocas familias” pudieron radicarlas, ya que los antecedentes que desencadenaron el desenlace fatal no eran “tan evidentes”.
Hacia el final de la entrevista, la teoría de un poder judicial obsecuente con los designios políticos recupera fuerza. Como si se tratase de un consejo amigo, Santiago Seillant instó a Sandra Sánchez a movilizar como única herramienta para pelear por justicia en igualdad de condiciones.
“Ojalá que se consiga justicia, dependerá de cómo se mueva la justicia y los compañeros. Los reclamos populares mueven a la justicia en un contexto donde la justicia está muy politizada, permeable a los poderes políticos”.