El conflicto que tapa de basura a Madrid puede agravarse mañana
Tragsa realizará las labores de limpieza a pedido del gobierno municipal, en manos del derechista Partido Popular (PP), una vez que finalice hoy el plazo de 48 horas dado a las concesionarias para que se garanticen los "servicios mínimos" acordados para la huelga que la alcaldesa Ana Botella calificó de "salvaje".
La decisión llega en un momento en el que algunas de las principales calles y plazas de Madrid, especialmente sitios turísticos y emblemáticos como la céntrica Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá y la Gran Vía, se encuentran desbordadas de basura.
A pesar del desorden, el olor desagradable y la afluencia de cucarachas y roedores denunciado en algunas zonas por los vecinos de la ciudad, el Ministerio de Sanidad manifestó que por ahora no existe riesgo para la salud pública.
Este fin de semana también vence el plazo de un mes de negociación de los despidos colectivos (ERE) que prevén las tres concesionarias del servicio y que motivó el conflicto, sin que se vislumbre un acuerdo.
Desde el 5 de noviembre, más de 6.000 empleados de jardinería y limpieza vial de la capital protestan por la supresión de 1.135 puestos, además de 350 despidos a partir de agosto por tres de las cuatro empresas concesionarias del servicio. También denuncian reducciones salariales en torno al 40%.
A horas de vencer la negociación, las empresas concesionarias ofrecieron hoy rebajar los despidos a 296, pero los sindicatos rechazaron la propuesta argumentando que se quiere compensar con recortes salariales y modificando las condiciones de trabajo de forma "lesiva".
En tanto, la entrada en escena de Tragsa no hace más que "echar leña al fuego", según los sindicatos.
"Espero que no haya heridos" en las calles, afirmó Jaime Cedrún, secretario general de CCOO-Madrid. Los trabajadores no tienen "nada que perder", recordó el sindicalista.
La policía ya detuvo a 249 personas implicadas en actos "vandálicos" ocurridos durante la huelga, como la quema de contenedores y basura.
En pleno conflicto, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó la intervención de la empresa estatal: "No sería la primera vez que (Tragsa) tiene que actuar, lo ha hecho con anterioridad y lo hará para garantizar los servicios mínimos, que es lo que establece nuestra legislación de derechos laborales".
Muchos madrileños responsabilizan del conflicto a Ana Botella, esposa del ex presidente del gobierno español José María Anzar, quien llegó a su cargo sin ser votada para reemplazar a Alberto Ruiz Gallardon cuando fue nombrado ministro de Justicia por el presidente Mariano Rajoy.
La oposición socialista en Madrid pide que si las empresas "no ceden", que el servicio vuelva a pasar a manos públicas, pero la alcaldesa dejó claro que apoya el actual modelo de gestión.
"Botella debería haber dimitido por su incompetencia en este y otros casos", denunció Maru Menéndez, diputada y secretaria de organización el Partido Socialista de Madrid (PSM).
Botella fue, entre otros asuntos, la cara visible de la derrota de la candidatura olímpica de Madrid a los juegos de 2020, la tercera consecutiva.