Colombianos exigieron la liberación de la niña secuestrada
Las autoridades estiman que unas 5 mil personas participaron de la segunda marcha realizada por los vecinos Fortul, un caserío del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. Pero a diferencia de la anterior, se sumaron campesinos de municipios aledaños, conmovidos por el secuestro de Nohora Muñoz, hija del alcalde Jorge Enrique Muñoz.
"Libertad, libertad", "queremos libre a Nohora, "no más secuestros", fueron las frases de los caminantes, que lucían carteles, flores, fotos y todo lo que pudiera recordar a la secuestrada.
La menor, de 10 años, fue raptada el pasado jueves por desconocidos, que la interceptaron cuando se dirigía al colegio junto a su madre y la subieron a un taxi. La mujer fue liberada horas más tarde.
"Ya sabemos quiénes la tienen. En el momento no estoy autorizado para dar esa información al público pero sólo decir que ya hubo el primer contacto y que la niña está bien", señaló este domingo su padre, y agregó que aunque no le precisaron los motivos del secuestro sí le trasladaron qué esperan a cambio.
De su lado, el gobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya, reiteró que las autoridades tienen rodeados a los secuestradores y que su rescate es inminente.
La movilización de ayer partió de una carretera de alto tránsito que une los municipios de Tame y Saravena y llegó a la plaza principal de Fortul. Los padres de Nohora no participaron porque se quedaron esperando en su vivienda una segunda llamada de los secuestradores.
Pese a que habrían sido identificados los plagiadores, las autoridades aún no confirmaron quiénes serían. Mientras, los medios apuntan a los grupos que actúan en la zona: las guerrillas FARC y ELN, y varios bandas criminales (bacrims) y paramilitares ligados al narcotráfico. La primera hipótesis era la que manejaba la policía el viernes, aunque fue desmentida el viernes por la ex legisladora Piedad Córdoba, quien en más de una ocasión a mediados con los grupos rebeldes.
En tanto, este domingo el hecho fue condenado por el papa Benedicto XVI y el Fondo de las Naciones Unidas, así como el presidente Juan Manuel Santos, quien opinó que no es sólo un delito de lesa humanidad, sino que está agravado en la forma "más horripilante" por tratarse de una niña.