Chile: Piñera responde duro contra la protesta social
Como respuesta a los disturbios de ayer, el presidente de Chile invocará la Ley de Seguridad del Estado que impone mayor rigidez en las condenas. Los estudiantes finalizan con otra marcha las 48 horas de huelga. Escuchá el informe.
El Gobierno chileno de Sebastián Piñera anunció que demandará a la Justicia la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para querellar contra "grupos de encapuchados" que este martes 18 de octubre quemaron un autobús y encendieron barricadas en la primera de dos jornadas de movilizaciones por el conflicto estudiantil.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, calificó las acciones de "violencia asesina y criminal". Y agregó: "Hemos visto demasiada violencia, demasiada falta de respeto por los chilenos que simplemente quieren tener una vida normal, demasiada destrucción sin sentido, demasiada agresividad irracional, demasiado odio".
La medida se conoció en la víspera de una nueva marcha estudiantil convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), en el marco de las 48 horas por la educación gratuita en Chile.
La Ley de Seguridad del Estado que pretende utilizar el Gobierno de Piñera implica el agravamiento de las penas, tipifica los delitos contra el orden público, como "desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública". La norma, invocada en numerosas ocasiones durante la dictadura, pero también en circunstancias excepcionales por gobiernos democráticos, considera entre los delitos contra el orden público la "destrucción, inutilización, paralización, interrupción o daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos". Esta ley está prevista en la legislación chilena para que se aplique cuando la seguridad del Estado peligra.
El secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Cristóbal Lagos, aseguró que la medida de Ejecutivo es otra estrategia para quitar el foco de las demandas del Movimiento Social por la Educación. "Es lamentable la decisión que tomó Rodrigo Hinzpeter. Creo que así se va a generar más violencia y no es la manera en que deben actuar las autoridades. Lo que quiere hacer La Moneda es desviar la atención. Hoy el 90% de los chilenos está a favor de nuestras demandas, y ellos han impulsado una agenda en contra de ésas. Con esto se quiere criminalizar al movimiento estudiantil para no enfocarse en las demandas de fondo", advirtió.
No es la primera vez que Piñera busca judicializar la protesta estudiantil. De hecho, impulsa una reforma al Código penal, que castigaría con cárcel a quienes ocupen edificios públicos y/o privados. La iniciativa transforma en delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles". De aprobarse esta iniciativa gubernamental, los estudiantes que participen en tomas de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades podrían ser condenados a tres años de prisión.
Las protestas estudiantiles comenzaron a inicios de mayo, en reclamo por los altos costos de la educación en Chile, que cuenta con uno de los sistemas educativos más privatizados del mundo, tras las reformas aplicadas por la dictadura de Augusto Pinochet.
Sólo el 40% de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.