Bolivia pide en la ONU una condena contra la agresión a Evo Morales
En una carta entregada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el gobierno boliviano instó a "impedir que se siente un nefasto precedente que podría afectar a otros dignatarios y poner en riesgo la convivencia pacífica entre los estados".
La misiva, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Prensa Latina, está firmada por el representante permanente de Bolivia ante el organismo mundial, Sacha Llorenti, y detalla la actuación de las autoridades francesas, portuguesas y españolas contra la nave presidencial.
El texto califica esa conducta de "flagrante violación al derecho internacional y a la seguridad personal y libertad del presidente boliviano".
"Se ha cometido un atentado a las más elementales normas de la diplomacia a las que están obligados los estados", subraya.
"Una agresión injustificable al presidente constitucionalmente electo en virtud a su posicionamiento político, que ciertamente incomoda a los poderes globales que creen que aún poseen autoridad imperial sobre las naciones del mundo", añade.
La carta de Bolivia solicita al titular de la ONU que informe al respecto a la comunidad internacional "para evitar que lo sucedido quede en la impunidad e impedir un nefasto precedente que podría afectar a otros dignatarios".
También le pide a Ban que se pronuncie frente a esta agresión que "muestra con claridad que las libertades y los derechos más elementales pueden someterse a los intereses de unos pocos en desmedro de la mayoría".
Morales viajaba anteayer de regreso a La Paz tras participar en Moscú en una reunión del Foro de Países Exportadores de Gas cuando, en pleno vuelo, las autoridades de Francia, España y Portugal retiraron el permiso concedido con anterioridad para surcar sus respectivos espacios aéreos.
La denuncia hecha por el propio Morales en su momento también incluyó una actitud similar por parte del gobierno de Italia, pero la nota entregada por Llorenti en la ONU cita concretamente como responsables del episodio a las autoridades de España, Francia y Portugal.