Avanza en Cuba la reforma migratoria
Cuba anunció a fines de octubre que el número de sus ciudadanos que viajaron al exterior en 2013 se incrementó en un 35 por ciento desde enero, cuando entró en vigencia la nueva ley migratoria que flexibilizó los ingresos y salidas del país.
La modificación a la ley migratoria, que eliminó obstáculos como la histórica carta de invitación y el permiso de salida, es una de las reformas más populares emprendidas en la isla por el presidente Raúl Castro desde que reemplazó en el poder a su hermano Fidel en 2008.
La otra gran reforma planteada para este año y el próximo es la paulatina desregulación de empresas del Estado y el estímulo a la inversión extranjera que aporte a la isla tecnología, financiamiento, mercado o empleo.
"Durante lo que queda de 2013 (dijo en octubre) y el 2014, trabajaremos en las más profundas transformaciones”, anunció el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Marino Murillo, quien a su vez preside la comisión encargada de poner en marcha los lineamientos de la nueva política social y económica formulada por Raúl Castro en 2010.
Murillo adelantó que entre los cambios contemplados está el dar mayor autonomía a las empresas del Estado."Debemos eliminar todos los impedimentos que ponen freno a sus posibilidades", dijo, y agregó que "el modelo por el cual apuesta la revolución se sustentará en la propiedad social y no en la empresa privada, aunque éstas fomenten el empleo".
Eso implica que las empresas estatales se queden con el 50 por ciento de sus ganancias, después de impuestos, y que las reinviertan en sus procesos de producción, señaló, citado por la agencia Prensa Latina.
“En la formación del Producto Interno Bruto la empresa estatal socialista va a seguir siendo determinante, con un poco más de eficiencia”, señaló. En ese proceso de transformación también está prevista, dijo, "la extinción, fusión, redimensionamiento o transformación en otra forma de gestión de aquellas empresas que trabajen con pérdidas por más de dos años".
Murillo admitió que los capitales foráneos ocupan también parte importante del plan: "Sabemos que la isla debe atraer más inversión extranjera", pero aclaró que solo abrirán las puertas a aquellas empresas dispuestas a transferir tecnología y aportar financiamiento, mercado o empleo a la economía de la isla.
También a fines de octubre el gobierno cubano anunció, pero aún sin plazos definidos, la unificación de las dos monedas que circulan en la isla desde hace 20 años, el peso y el peso convertible, o CUC, que tiene una relación de 24 a 1 y equivale al dólar estadounidense.
El peso es la moneda en que perciben sus salarios los empleados públicos y con la que pagan algunos productos y servicios básicos. El CUC es la unidad monetaria con que el Estado vende los productos importados y cobra por servicios de turismo.
La unificación monetaria es el intento más audaz del presidente Raúl Castro por modernizar la economía socialista de Cuba, que incluye permitir pequeños emprendimientos privados y reducir el peso del Estado en la economía.
Según economistas, la unificación monetaria podría demorar hasta 18 meses y consistiría en una devaluación del CUC y quizás una apreciación del peso interno.
Las autoridades cubanas también aprobaron este año la fundación de 200 cooperativas no agropecuarias, una forma de propiedad social que crece y convivirá con las dominantes empresas estatales y el cuentapropismo privado, al que ya se sumaron más de 430.000 cubanos, con lo que redujeron las plantillas de empleados públicos para mejorar, además, la eficiencia de este último sector.
"Esas entidades no agropecuarias acometen diversas actividades económicas de manera experimental y bajo una legislación especial, mientras se continúa la evaluación de más solicitudes", explicó la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, al anunciar el aumento del número de estas cooperativas, durante un congreso internacional de gestión económica en La Habana.
Se suman así a las cooperativas agropecuarias, de más larga data, las que junto a la entrega de tierras para uso (la propiedad sigue siendo estatal) de campesinos individuales, intentan mejorar la producción de alimentos, que tras la despoblación del campo, genera un déficit en importaciones de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales.