A nivel nacional, se concretó la primera marcha de piqueteros contra el gobierno de Javier Milei. Hubo algunos incidentes pero los manifestantes lograron llegar a Plaza de Mayo.
En Jujuy, la Multisectorial marchó por "el derecho a la manifestación"
En conmemoración a la gesta conocida como “El Argentinazo”, gremios y organizaciones sociales jujeñas concretaron una movilización que confluyó en Plaza Belgrano. Rechazaron el protocolo nacional anipiquetes y también apuntaron contra la gestión de Gerardo Morales.
Mientras esto ocurría, el Presidente de la Nación supervisó todo el operativo desde la central de la Policía.
A la par, en Jujuy tuvo lugar una marcha de la Multisectorial integrada por gremios y organizaciones sociales. Fue para conmemorar la gesta del 20 de diciembre del año 2001, conocida como “el Argentinazo”.
“Se cumplen 22 años de la rebelión popular que le puso un límite a las políticas neoliberales vigentes es ese momento. Hoy, algunos de los funcionarios que fueron responsables de aquel colapso político, económico y social siguen en funciones o relacionados con el actual gobierno nacional: Patricia Bulrrich, Hernán Lombardi, Darío Lopérfido, Gerardo Morales, Felipe Cavallo”, expusieron.
Pero además, apuntaron a este protocolo antipiquetes de la nueva gestión nacional: “Al Gobierno Nacional le recordamos que el Derecho a la Manifestación y a la Petición es un Derecho consagrado no sólo en la Constitución Nacional del año 1994 vigente, sino en los Tratados Internacionales de los cuales la República Argentina está adherida. Esa Constitución Nacional y eso Tratados en su conjunto están por encima de cualquier otra norma y si el gobierno nacional hace honor a la máxima “nada fuera de la Ley, todo dentro de la Ley” debe cumplir con los derechos y garantías consagrados fundamentalmente en esas normativas, que obligan al Estado a garantizar el cumplimiento de los derechos y no, como se pretende, a restringirlos o a impedirlos”.
“Rechazamos enérgicamente el Protocolo que diera a conocer el Ministerio de Seguridad de la Nación, dado que tiene la intención política de asociar al derecho a la manifestación con actos de violencia; es un mecanismo de intimidación pública que pretende identificar a los manifestantes para luego sancionarlos, criminalizando la protesta social. En la Provincia de Jujuy, conocemos sobradamente este tipo de mecanismo de intimidación y disciplinamiento, dado que aquí el Código Contravencional que se emplea como el Protocolo de Bullrich, tiene rango constitucional luego de la Reforma impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales. A través de este mecanismo, se pretendió anestesiar y doblegar la voluntad de lucha de amplios sectores de la sociedad que se enfrentaron a la pérdida de derechos consagrados y al autoritarismo gubernamental. Estos Códigos o Protocolos son una expresión de prepotencia y violencia institucional, evidencian un profundo desprecio a la democracia y son el síntoma de gobiernos cobardes que le temen a los pueblos que manifiestan contra políticas de saqueo y hambre.”