Multas a EJESA: un anuncio político que pagan los usuarios y no le duele a la empresa
Con un retraso de casi tres años, la SUSEPU anunció una sanción superior a los 1.000 millones de pesos contra la distribuidora de energía. Sin embargo, el diputado provincial Gastón Remy (PTS - Frente de Izquierda) advierte que, entre la inflación de la facturación, los tarifazos autorizados y la previsible apelación judicial de la empresa, la medida es solo "un mensaje político" que termina saliendo del bolsillo de los jujeños.
El reciente anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) sobre la aplicación de una multa superior a los 1.000 millones de pesos a la empresa EJESA volvió a encender el debate sobre la efectividad de los controles estatales en Jujuy. Para el diputado provincial Gastón Remy, una mirada minuciosa a los plazos administrativos y a las cifras operativas demuestra que la sanción dista de ser un castigo ejemplar.
En primer lugar, el legislador remarcó que la sanción llega con casi tres años de demora, lo que abre un precedente de profunda incertidumbre sobre el cobro real de la multa:
"Se han tomado casi tres años para multar a la empresa. Y esto está indicando que las multas que aplicaron este año, bueno, tendrán que esperar tres años más. Si seguimos con este ritmo de cómo es el sistema de la SUSEPU con EJESA, lleva mucho tiempo".
Una maniobra de imagen frente a la falta de inversiones
Para Remy, el momento en que se da a conocer la sanción responde más a una necesidad de contención política del Gobierno provincial que a un control riguroso sobre la concesionaria. Recordó además que la propia administración provincial admitió que los cortes de luz durante el fenómeno de viento norte no respondieron únicamente al clima, sino a la falta de inversión de la distribuidora.
"Me parece que más que nada es para tratar de salvar la imagen del Gobierno, que hace todo lo que dice la empresa y después los usuarios no vemos ninguna mejora nunca. Lo único que vemos es que sube la tarifa, pero me parece que es para dar un mensaje político, decir: 'Miren que algo hacemos ante todos los incumplimientos'".
"Aparece esto, pero no aparece ningún informe de SUSEPU del control que iban a hacer ellos, que anunciaron hará un mes atrás, de las inversiones de la empresa que estaban retrasadas. Por mi barrio no han pasado y no he escuchado a ningún vecino que diga en otros barrios que se esté viendo este control".
La matemática del tarifazo y el riesgo de la apelación
Al analizar los balances y la ecuación financiera, el economista y legislador detalló que el monto fijado representa una cifra marginal dentro del nivel de recaudación de la compañía:
"La empresa el último balance que subió es del año 2024. Si uno compara esta multa de un poco más de 1.000 millones con lo que facturó en ese año, no llega al 1%. O sea, menos del 1% de lo facturado en 2024, un cálculo completamente conservador porque en 2025 y 2026 venimos con aumentos muy fuertes".
"Solo considerando el aumento de agosto autorizado por la SUSEPU de más del 7%, con un cálculo conservador son más de 8.500 millones de pesos que le entrarían extras a EJESA. Y estamos hablando acá de 1.000 millones de multa. O sea, la multa la estamos pagando varias veces más los usuarios con este último aumento: nos cobran 8.000 millones más y nos devuelven 1.000".
A este cuadro se suma la vía legal que la empresa tiene a disposición para frenar la ejecución de la pena. Ante la certeza de que EJESA apelará la resolución administrativa, el proceso se trasladará a los tribunales, lo que dilatará el pago por tiempo indefinido o terminará licuando la sanción.
Frente a este escenario, la medida se perfila como una maniobra distractiva: un esquema donde el Estado anuncia sanciones millonarias para amortiguar el malestar social, mientras autoriza incrementos que garantizan la rentabilidad empresaria y la vía judicial posterga cualquier castigo efectivo.