Moratoria, emergencia en discapacidad y fondos a las provincias: leyes aprobadas en el Senado
Triple victoria opositora ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada que le echa la culpa a Victoria Villarruel. El Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización de la sesión.
En una jornada de duras derrotas para la Casa Rosada, el conglomerado opositor liderado por el kirchnerismo más un puñado de radicales, una dialoguista alejada del PRO y silvestres provinciales del Senado sancionó esta tarde las leyes que mejoran las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
Todo esto ocurrió ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada más preocupada en echarle la culpa a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en medio de una sesión en la que se destrozó el reglamento, más allá de la validación de la misma por el pleno de la Cámara alta que, en este sentido, es soberano en cuanto a sus decisiones en el recinto. Ahora, el Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización sobre lo actuado.
Jubilaciones y moratoria
La ley implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.
En tanto, la restitución por dos años de la moratoria implica la reactivación del sistema que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
Como miembro informante de la oposición, el camporista Mariano Recalde criticó que el “bono esté congelado desde marzo del año pasado” y consideró que “este pequeño aumento apenas alcanza para un par de docenas de empanadas, o para cubrir alguno de los servicios que deben pagar jubilados”. “No es una excusa el equilibrio fiscal, ya que existen fuentes de financiamiento propias que permitirían llevar este alivio”, aclaró el senador por la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, apuntó a exenciones al IVA para ciertos sectores, ahorro por modificaciones en intereses de deuda y redireccionamiento de partidas.
Recalde agregó información sobre el endeudamiento de familias, que se duplicó entre marzo de 2024 y el mismo mes del corriente año. También adelantó el apoyo a la moratoria y recordó la recuperación del sistema previsional. Curioso que, después de varias gestiones kirchneristas y de otros dos espacios políticos -uno de los últimos, en pleno desarrollo-, los problemas sean mucho más graves, con un mecanismo al límite.
Emergencia en discapacidad
La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
“Tenemos que actualizar el Certificado Único de Discapacidad. El trámite con el CUD es hoy toda una complicación y este proyecto propone una metodología en este sentido”, subrayó el peronista puntano y vice de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernando Salino.
Después fue el turno de las camporista Stefanía Cora (Entre Ríos), quien advirtió que “el Estado está en deuda” y que el texto “pone requisitos claros y exige auditorías”. En el mismo sentido se expresó el cordobés -y amigo de Javier Milei- Luis Juez (Córdoba): “Alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden. Esta ley de emergencia mínimamente, porque ni siquiera es una reparación, intenta darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”.
El Senado aprobó leyes que le dan fondos a las provincias
Tras negociaciones sin destino y en medio de los clásicos reproches entre la Casa Rosada y los gobernadores, una amplia mayoría opositora del Senado -kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales; muchos de los últimos, usuales aliados de La Libertad Avanza- aprobaron y giraron a Diputados dos proyectos de ley que fondean la castigada coparticipación hacia los distritos, que retiene el Ejecutivo. Los textos fueron avalados en la previa por los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las iniciativas incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
En tanto, el segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23.966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.