Aunque los funcionarios del gobierno de Jujuy suelen lamentarse por la situación deficitaria que atraviesan las arcas provinciales, poco explican sobre el destino que les dan a los recursos que efectivamente inflan las cuentas locales.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicado el 15 de julio, expone una vez más esta situación: según el estudio, el gobierno nacional transfirió a Jujuy en los primeros seis meses del año 2.395 millones de pesos en forma extraordinaria, es decir, por fuera de los recursos de coparticipación que les corresponden a cada distrito.
De esa cifra, se sabe que 1.251 millones llegaron desde la caja de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) que la Casa Rosada ha decido repartir de emergencia. Sin embargo, la provincia nunca acusó recibo del saldo restante, por unos 1.144 millones de pesos. Al menos ante la opinión pública nunca se informó.
Según el estudio, que constituye un análisis de la ejecución presupuestaria del Estado nacional durante el primer semestre de 2020, ese monto no informado por la provincia tiene origen en programas de asistencia financiera que surgen de convenios firmados con el gobierno nacional, y en subsidios a la tasa de interés para préstamos solicitados al Fondo de Garantía Solidaria de ANSES.
De esta manera, queda expuesta una nueva fuente de ingresos a la que, hasta el momento, la administración Morales no le había dado visibilidad.
El estudio observa, entre decenas de variables, las transferencias a los 24 distritos del país. Los detalles de las mismas, quedan en manos de las provincias. En esa instancia, el gobierno de Jujuy muestra serias falencias para comunicarle a la ciudadanía cómo administra los millonarios fondos de los que dispone.
Los recursos extraordinarios que recibió la provincia en el primer semestre:
El repaso no incluye la asistencia a jujeños a través de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y los Créditos a Tasa Cero.
En la conferencia de prensa del pasado lunes 20 de julio, el gobernador Gerardo Morales brindó un informe de la situación fiscal en el que brindó datos generales sin explicar cómo ejecuta su gobierno los fondos públicos, enumerando gastos fuera de contexto, sin rendir cuentas de cada uno de ellos.
Morales cuenta que tiene déficit pero no explica por qué lo tiene.
Los ministerios se caracterizan por no rendir cuenta de sus gastos, y las ejecuciones presupuestarias, como las que refleja el informe de la OPC, jamás se exhiben con claridad.
Las obras o la inversión realizada, en tanto, es difícil de apreciar. El gobernador reconoció que el gasto/inversión en el sector público en el primer semestre superó los 37 mil millones de pesos.
Es lo que habría demandado pagar los sueldos al día y prestar servicios.
A esa cuenta, sin embargo, le falta el detalle de la ejecución.
