Para el gobierno, el informe de la ONU parte de premisas desactualizadas
El gobierno de Jujuy, a través del fiscal de estado Mariano Miranda, fijó posición respecto del informe emitido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Miranda afirmó que el informe adolece de errores en su conclusión final debido a que parte de dos premisas equivocadas: que Milagro Sala continúa detenida por el acampe realizado en plaza Belgrano en el mes de diciembre de 2015 y que goza de fueros por haber sido elegida Diputada del Mercosur.
En ambos hay información errónea. Milagro Sala obtuvo el cese de detención en la causa por la que se le imputó instigación a cometer delitos. Su detención se prolongó en el marco de causas relacionadas con denuncias de corrupción.
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley otorgaba inmunidades a los parlamentarios del MERCOSUR que representan a Argentina.
Según Mariano Miranda, la opinión emitida por los cinco miembros del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias que pertenece a la ONU, analiza sólo esos dos puntos.
“Se basan en un informe del mes de abril de este año, pero desde allí a la fecha se han modificado las causas penales”, dijo el Fiscal de Estado a Jujuy al momento.
El funcionario al mismo tiempo, reconoció que tanto el Estado Nacional como Provincial, al ser integrantes de la ONU, reconocen la validez del estudio que se realiza sobre la situación de Milagro Sala, y aseguró que agregarán información para que los miembros del Grupo puedan analizar y reconsiderar su opinión.
Finalmente recordó que Milagro Sala está detenida por un fallo de la justicia, en dos instancias, que consideró que en libertad podría entorpecer las investigaciones que le siguen en causas graves por corrupción.
Además, está detenida por causas que están para elevarse a juicio, por encubrimiento y tentativa de homicidio, en un hecho recordado como la balacera de Azopardo, donde habría enviado sicarios para asesinar a rivales políticos.
“Esto es un procedimiento que se inicia en un plazo de 180 días, dentro de ellos el Estado Argentino, a través de Cancillería, va a emitir las opiniones y la actualización de las causas”, indicó el Fiscal de Estado.
Por otro lado, fuentes vinculadas a Casa de Gobierno hicieron notar que el comunicado que circuló inicialmente por los medios de prensa fue redactado y difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el periodista y operador político durante la gestión kirchnerista, Horacio Verbitsky, a quien señalan por su supuesta influencia en la opinión de los miembros del grupo de trabajo que emitió el informe.