7 claves para entender la causa “Pibes Villeros”
La dirigente está acusada por tres delitos previstos en el Código Penal: Asociación ilícita, Fraude a la administración pública y extorsión.
Asociación ilícita: sería la jefa de una banda que organizó un sistema para recibir dinero que debía destinarse a obra pública, sacarlo del circuito legal bancarizado, esconderlo en domicilios particulares y utilizarlo con fines personales o en forma arbitraria.
Según la fiscalía, por su posición política Milagro Sala lograba que el gobierno nacional le asignara las obras, presionaba a las autoridades provinciales para que formen parte del esquema burocrático y manipulaba a las cooperativas de trabajadores desocupados para recaudar el dinero.
Fraude a la administración pública. Estaría comprobado que hubo al menos 14 obras, por un total de 60 millones de pesos, que se depositaron en cuentas de la provincia y luego fueron retirados por cooperativistas de los bancos en efectivo, fraccionados en cheques de 50 mil pesos. Hay cinco testigos que aseguraron en la causa que luego de retirar por ventanilla el dinero, lo colocaban en bolsos y lo trasladaban hasta la casa que Milagro Sala posee en la calle Gordaliza del barrio Cuyaya. Hubo allanamientos donde se encontraron bolsos y máquinas de contar dinero en ese inmueble. Hoy la dirigente cumple arresto domiciliario allí.
Extorsión. La red de organizaciones sociales estaba conformaba por decenas de cooperativas. Para recibir dinero, las cooperativas debían emitir facturas al estado provincial, como comprobante de los trabajos realizados. Hay cinco testigos que aseguran haber recibido amenazas y presiones por parte de personas que respondían a Milagro Sala para emitir las facturas, recibir los cheques y luego endosarlos a nombre de otras personas, que serían los “recaudadores”, que luego llevaban el dinero al domicilio de Sala.
El denunciante de Milagro Sala es el estado provincial, a través de Fiscalía de Estado y de la Oficina Anticorrupción.
El Fiscal de Estado Mariano Miranda, es quien promovió, por pedido del gobierno que encabeza Gerardo Morales, la denuncia formal contra la dirigente y los cooperativistas. Luego se convirtió en querellante adhesivo, es decir, formó parte de la investigación.
La Oficina Anticorrupción, a cargo de Joaquín Millón Quintana, hizo lo propio, es decir, también pidió ser querellante adhesivo, para poder ser parte de la investigación.
Esta causa no involucró dinero para construir viviendas, si no mejoras en los barrios, como cordones cunetas, espacios verdes y construcciones que se agreguen a viviendas que ya existían, como baños o habitaciones.
El programa se denominó “Mejor Vivir II” y fue lanzado por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que estuvo a cargo durante el kirchnerismo por Julio De Vido.
Este ministerio celebraba convenios con el gobierno provincial, este a su vez con los municipios, y estos con las cooperativas que respondían a la Tupac Amaru de Milagro Sala.
La ideóloga de todo este circuito era, según la fiscalía, Milagro Sala.
Milagro Sala fue acusada por estos delitos el 24 de enero de 2016 por la fiscal Liliana Fernández de Montiel. Dos días después el juez de control Gastón Mercau accedió al pedido.
La investigación penal preparatoria duró más de dos años, y luego la causa fue elevada a juicio oral.
Las audiencias comenzaron el 24 de julio de 2018.
Durante los alegatos, la fiscalía pidió 22 años de cárcel para Milagro Sala, mientras que su defensa solicitó que sea absuelta.
Junto a Milagro Sala, hay 30 personas imputadas.
Tres de ellas, la actual diputada Mabel Balconte, Javier Nieva y Marcia Sagardía, son quizás los más complicados, porque aparecen en el expediente como quienes coaccionaban a los cooperativistas para que emitan las facturas de obras que no existían, reciban los cheques, los endosen o los retiren ellos mismos el dinero de los bancos para trasladarlo al domicilio de barrio Cuyaya, o a la sede ubicada en calle Alvear.
La diputada Balconte cuenta con fueros parlamentarios hasta diciembre de este año, cuando vence su mandato. Se alineó con el oficialismo y vota todos los proyectos del gobierno. Así logró que los legisladores que responden al gobierno no traten su pedido de desafuero.
Mirta “Shakira” Guerrero y Patricia Cabana, habrían sido quienes controlaban el recorrido del dinero. Aparecen en la recordada filmación de las cámaras de seguridad del Banco Nación, en la que se a los cooperativistas retirando 14 millones de pesos por ventanillas para luego llevárselos en bolsos.
Además, entre los 30 imputados aparecen dos ex funcionarios del gobierno de la provincia, Lucio Abregú, ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, y el ex vocal de dicho organismo PabloTolosa. Para el primero, la fiscalía pidió 12 años de prisión, para el segundo, 8.
Durante los tres años que lleva el proceso, los abogados defensores cuestionaron el proceso, al que consideran plagado de irregularidades procesales y violatorio del derecho de defensa.
Aseguran que los testimonios de los testigos son cuestionables y que las pruebas fueron manipuladas durante la investigación. Ejemplo de ello sería lo que ocurrió con el archivo de las imágenes de las cámaras de seguridad del Banco Nación. Los defensores de Mirta “Shakira” Guerrero sostienen que fue “editado”, ya que se habría presentado sólo un fragmento del registro total.
Si es condenada, a Milagro Sala le esperará un largo tiempo en prisión, ya que los delitos por los que se la acusa son graves, y ya cuenta con otra condena de prisión en suspenso, por el recordado escrache al entonces senador Gerardo Morales, hoy gobernador de Jujuy.
En caso de ser absuelta, Milagro Sala tiene muchas chances de seguir en prisión.
Tiene dictada prisión preventiva en su contra en otra causa, en este caso por lesiones contra el dirigente Luca Arias, quien meses después del episodio falleció, aunque por causas naturales. Esa medida está vigente.
Además, tiene otro pedido de prisión preventiva que podría resolverse en las próximas horas: es en el marco de la megacausa, que investiga el desvío de fondos para viviendas por 1.300 millones de pesos. Hay un faltante de 2.200 casas y la causa está próxima a elevarse a juicio.