El Gobierno avanza con su estrategia parlamentaria. Mientras apuntan a que la última decisión de la Corte termine de desincentivar la sesión opositora del 15 de octubre, presentaron una serie de proyectos para endurecer penas (a abusos sexuales y a vandalismo rural) y continúan el proceso para dictaminar su ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su expectativa es sellar los apoyos en un plenario la próxima semana. El PRO ya anticipó su apoyo, pero los aliados radicales y provincialistas aún no se pronunciaron ni asistieron a los debates. La oposición solicitó la convocatoria a los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores),
Malvinas: avanza el debate en Diputados, apuntando aprobarlo este mes
El Ejecutivo envió a María Ibarzábal Murphy, quien justificó las reformas de seguridad interior porque vivimos en "un mundo más peligroso". El peronismo insiste en dividir la redacción del proyecto.
Para la nueva reunión informativa, el oficialismo convocó a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, a respaldar el proyecto, que en sus primeros 40 artículos amplían las sanciones a quienes desarrollen actividades productivas en Malvinas, mientras que los 93 restantes apuntan a vigilancia interior y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional -compuesto en exclusiva por el Ejecutivo- que defina acciones bélicas y de control interno. "Todo tiene que ver con Malvinas, desvincular esta cuestión de la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual", argumentó la funcionaria.
Según Ibarzábal Murphy, señalada como la encargada de la redacción del proyecto, se trata de "un menú más grande de sanciones" dado que "no es suficiente para defender nuestra soberanía con la contundencia que el Estado argentino debe hacerlo" en el marco de "un mundo más peligroso": "Tenemos legislación que ha quedado obsoleta y creemos que hay que modernizarla". Así fue que planteó que es necesario "establecer los incentivos de cara a los actores para poder hacernos respetar".
Luego, aseguró que no hay intención de unificar las funciones de defensa y de seguridad y se refirió a las sanciones dispuestas a quienes sean considerados culpables -por el Consejo de Seguridad Nacional- de "manipular la opinión pública": "No tiene nada que ver con el pleno ejercicio del derecho de la libertad de expresión". A su vez, señaló que "entendemos estas medidas urgentes como realmente excepcionales" y que evalúan incorporar en el proyecto la creación de una Comisión Bicameral para el régimen sancionatorio.
La oposición consideró insuficiente esa participación legislativa. Por caso, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió que se involucre al Congreso en la integración del Consejo de Seguridad y en "el seguimiento, el control, y la autorización de la política de defensa y de seguridad nacional", mientras que Eduardo Falcone (MID) pidió por incorporar una autorización parlamentaria para conservar acciones militares una vez que el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, las inicien.
El peronismo, por su parte, insistió en debatir exclusivamente los primeros 40 artículos del proyecto, referidos a las sanciones por las actividades en territorio argentino, solicitud que el oficialismo desestimó. Además, pidieron que se enmarque la redacción en la Resolución 2065 de la Asamblea de la ONU que reconoció la disputa soberana en las Malvinas. "No nos importa votar en contra de este proyecto así como está y que nos tilden de anti Malvinas, porque no es cierto", anticipó a este medio un referente del bloque.