En este contexto, la actual gestión del gobernador Gerardo Morales, que finaliza en diciembre, está vinculada a una importante pérdida de poder político que se hizo notar en las últimas elecciones. Paralelamente, la falta de rendición de cuentas respecto del destino de fondos millonarios para proyectos de dudosa rentabilidad ha generado toda clase de pronunciamientos desde distintos sectores. Pero también los hubo respecto de la persecución política a los que protestaron contra la reforma constitucional.
Lo hace a través de dos cuestiones claves:
- La nueva Auditoría Provincial cuya ley se aprobó anulando al Tribunal de Cuentas y creando un organismo de control para cuestiones financieras y económicas bajo la órbita del gobierno.
- La aprobación de leyes del Ministerio Público de la Acusación con las que se pretende garantizar impunidad y perseguir a quienes opinan distinto.
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En la misma línea, el legislador justicialista, Juan Cardozo, quien no sólo se opuso a las leyes emitidas por el oficialismo, sino que también cuestionó duramente al accionar de los legisladores que apoyaron cada uno de los proyectos. "No estamos de acuerdo con esa forma de actuar, creemos que deben sociabilizarse los proyectos y estamos en contra de operativizar una reforma express".
Ahora con estas leyes del MPA se busca garantizar impunidad y perseguir todos aquellos que opinan distinto Ahora con estas leyes del MPA se busca garantizar impunidad y perseguir todos aquellos que opinan distinto
Continuó diciendo que "lo que busca el gobierno es que nadie le revise las cuentas y suprimir el Tribunal de Cuentas significa crear una auditoría provincial con el fin de truncar los derechos de los mismos trabajadores del Tribunal de Cuentas y con un sólo objetivo, que el gobernador Gerardo Morales no quiere que haya transparencia".
Críticas a los proyectos que protegen política y judicialmente a Morales
