Los diputados de Morales se abstuvieron al votar la Ley de etiquetado

Si bien el primer intento de convocatoria fracaso por falta de quórum, finalmente los legisladores nacionales volvieron a verse las caras el pasado martes conservando la misma intensidad que los había caracterizado antes de la llegada del Coronavirus. Tal como se preveía, la Ley de etiquetado frontal sería uno de los temas que mayor cantidad de tiempo consumiría.

El proyecto no saldría librado de controversias típicas de la grieta y unas cuantas revisiones en ambas cámaras, la sola posibilidad de que perdiera su carácter parlamentario a fines del período marcaba la urgencia de su sanción o indefectible rechazo. Estaban por culminar dos años desde que su firmante, la diputada Silvina García Larraburu lo presentó.

Condicionados por el calendario finalmente se desarrollaría una maratónica sesión que abarcó siete horas y al menos 70 intervenciones. Culminando con la respectiva sanción contabilizando 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones.

Sobre el accionar de los representantes jujeños: ninguno tomaría la palabra (sobre este punto). Carolina Moisés y Julio Ferreyra votaron afirmativamente aunque su compañero en el bloque Frente de Todos José Luis Martiarena estuvo ausente.

En la vereda opuesta, llamativamente Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti serían los únicos diputados radicales (junto al bonaerense Quetglas) en abstenerse. Osmar Monaldi quien pertenece al PRO, pulsaría el mismo botón. Quizás por falta de información o en desacuerdo parcial con los beneficios de la Ley, vale destacar que el proyecto no pasó por ninguna de las comisiones que los tiene como integrantes.

Al menos para Burgos y Monaldi el espíritu parlamentario volvería al cuerpo manifestándose a través de las redes sociales tras la sanción de la Ley de Oncopediatría.

La abogada también dejaría en Twitter un fuerte palito para sus pares del FdT quienes frenaron el tratamiento especial de “ficha limpia”, el proyecto que busca prohibir la participación como candidatos a personas condenadas por delitos de corrupción contra el Estado.