La trampa de Morales para que Posadas no acompañe a Sadir en la fórmula 2027

El pedido del diputado justicialista Juan Soler para interpelar al ministro de Turismo Federico Posadas, a partir de sus declaraciones posteriores al recital de La Renga y de la cifra de alrededor de 7.000 millones de pesos que se habría generado por ese acontecimiento, abrió una polémica que excede largamente a un ministro y a un recital. Porque si se pretende presentar un espectáculo musical como una fuente extraordinaria de ingresos, resulta inevitable comparar esas cifras con los recursos que la provincia obtiene de actividades estratégicas como el litio y preguntarse qué significa realmente aquello que durante años se anunció como el cambio de la matriz productiva de Jujuy.

El problema no es que Jujuy tenga turismo, recitales o grandes eventos; al contrario, pueden ser herramientas importantes para generar movimiento económico, trabajo y consumo. El problema aparece cuando el marketing político parece reemplazar a una evaluación seria de cuánto dinero queda efectivamente en la provincia, cuánto representa para el Estado, cuánto reciben los trabajadores y pequeños comerciantes y cuánto termina siendo simplemente una estimación del movimiento económico generado. Porque una cosa es decir que un evento movilizó determinada cantidad de dinero y otra muy distinta es afirmar que produjo esa suma como rendimiento económico para Jujuy. Esa diferencia no es menor y los ciudadanos tienen derecho a conocer los números reales, porque no se puede construir una política pública sobre cifras difíciles de comprobar o presentadas de manera que confundan facturación, movimiento económico, recaudación y rentabilidad.

Allí aparece la cuestión política de fondo: mientras se discuten cifras, recitales y estrategias de marketing, Jujuy sigue teniendo problemas estructurales de empleo, salarios, servicios públicos, transporte, infraestructura, salud, educación y oportunidades para los jóvenes, pero la trama política parece haberse desplazado hacia otro escenario: la interna del propio oficialismo. Según la interpretación que surge de lo ocurrido en la Legislatura, el pedido de interpelación habría sido aprovechado por sectores vinculados a Morales para marcarle límites a Posadas, quien aparece mencionado como posible candidato a vicegobernador de Carlos Sadir.

Es donde la discusión institucional adquiere otra dimensión, porque si un pedido de interpelación a un ministro termina convertido en una herramienta de disputa dentro del oficialismo, los jujeños vuelven a quedar en el medio de una pelea que no eligieron. También circuló la versión de que Gerardo Morales habría intervenido políticamente ante la conducción de la Legislatura y que el gobernador Sadir se habría presentado en el bloque oficialista para frenar la maniobra. Si esto fue así, estamos frente a una situación políticamente grave, porque significa que las decisiones de una institución que debería funcionar con autonomía y reglas parlamentarias pueden quedar condicionadas por una interna partidaria. Y si no fue así, el oficialismo tiene una obligación todavía más sencilla: explicar públicamente qué ocurrió, por qué se suspendió la reunión de labor parlamentaria y cuáles fueron las razones institucionales para hacerlo.

En democracia, las sospechas se despejan con transparencia, no con silencio. Lo verdaderamente preocupante es que, mientras los dirigentes se disputan candidaturas, espacios de poder y capacidad de influencia, la vida cotidiana de los jujeños sigue sin encontrar respuestas. El ciudadano que cobra un salario que no alcanza, el comerciante que paga impuestos, el trabajador que no consigue empleo, el usuario que soporta un transporte deficiente.

Sin dudas que la interna es la única agenda, la lucha por los cargos es la única prioridad. La causa de la gente, como dirían en los corrillos políticos: “después vemos”.