Política

La sociedad organizada funciona mejor que quienes la gobiernan

Jujuy es el ejemplo más claro de la crisis del Estado moderno. Esto ocurre cuando la estructura política deja de centrarse en resolver necesidades básicas y se concentra únicamente en sostenerse a sí misma.

Un ejemplo concreto es la situación de una escuela en Maimará. El establecimiento no cuenta con calefacción; sin embargo, no se trata de un problema secundario ni administrativo. En zonas de altura y bajas temperaturas, la calefacción forma parte del derecho básico a la educación. Un niño con frío no aprende, se enferma y, de hecho, termina expulsado del sistema educativo.

El problema no es solo la falta de estufas, sino la contradicción moral y política que surge cuando el Estado reconoce su incapacidad para resolver algo elemental mientras mantiene una estructura de gasto político enorme. Este desequilibrio es el detonante de la indignación social.

La ciudadanía paga impuestos, pero no recibe retorno en materia de servicios. En este caso particular, los padres se ven obligados a resolver un problema que debería ser responsabilidad del Estado, generando al mismo tiempo una sensación de abandono e injusticia.

Esta situación tiene otra consecuencia peligrosa: la privatización de derechos básicos. El Estado cobra impuestos para sostener a sus funcionarios, mientras que la solución real a los problemas depende de los vecinos o de la cooperadora. En otras palabras, la sociedad empieza a suplir las funciones que el aparato estatal no cumple. El fracaso institucional resulta evidente.

Una escuela sin calefacción es más grave que cualquier discurso político; ahí es donde se mide la eficacia de la gestión. La política ya no garantiza la resolución de problemas esenciales, sino que pasa a formar parte del problema. El ciudadano común percibe que su esfuerzo económico financia a la burocracia mientras que sus necesidades reales quedan desatendidas.

Estamos frente a un modelo estatal con poca capacidad de gestión concreta, donde los ministros tienen dificultades para priorizar, administrar y resolver. Lo dramático es que grupos de padres humildes logran organizarse para solucionar un problema como el de la escuela de Maimará, mientras que el Estado declara no poder hacerlo. Es decir, la sociedad organizada funciona mejor que quienes la gobiernan.