La justicia federal salteña investiga las irregularidades del Potenciar Trabajo ¿Y en Jujuy?
El auxiliar fiscal Ignacio Yrigoyen detalló las actuaciones desarrolladas sobre la percepción irregular de fondos derivados del programa nacional Potenciar Trabajo sobre 434 casos. En nuestra provincia no se advierten novedades, a pesar de ser una de las jurisdicciones que más casos de incompatibilidad evidenció en relación a la cantidad de habitantes.
En La Rioja piden indagatorias para 1.065 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con incompatibilidades detectadas; en Salta la Unidad Fiscal de Salta está haciendo lo propio entrecruzando los datos para determinar la existencia del de delito “defraudación a la administración pública”; mientras que la Justicia Federal Jujeña hasta el momento no se ha expresado en torno a una investigación seria a pesar de contar con 422 titulares trabajando en el Estado.
La investigación iniciada en Buenos Aires, cortesía del Dr. Guillermo Marijuán, no deja de causar controversia y sacudir del letargo veraniego a los ministerios públicos fiscales. Es la fiscalía a cargo de Ricardo Toranzos, donde se desarrolla la investigación por supuesta “defraudación al Estado” y quizás “violación de los deberes de funcionario público”, por el momento entrecruzando datos para llegar al meollo de la cuestión.
“Del entrecruzamiento con la base de datos que posee el Ministerio de Desarrollo Social se detectó que había 434 empleados provinciales cobrando este beneficio… Las incompatibilidades fueron remitidas a la Justicia Federal de Salta para continuar la investigación. Desde esta Fiscalía hemos pedido informes a distintos organismos a fin de constatar hace cuanto se venía percibiendo este beneficio, si ocultaron información o por qué no fueron detectadas las irregularidades, si hubo funcionarios que por acción u omisión permitieron que suceda esta incongruencia ”, explicó sobre su tarea el auxiliar fiscal Ignacio Irygoyen en Radio 2 Jujuy.
El funcionario salteño confirmó que la estimación del monto defraudado a las arcas nacionales ascendería a $33.000.000 mensuales, aunque tal como ha calculado oportunamente JujuyalMomento el monto dependerá del momento en el que haya iniciado la percepción del beneficio, que actualmente escala a $78.000, destinado a los trabajadores desocupados, de la economía popular o en situación de vulnerabilidad. Una de las principales líneas de investigación podría salpicar a la política salteña, hasta ahora se desconoce cual fue el mecanismo usado para saltear los controles.
En nuestra provincia, más allá del número de beneficiarios divulgado por los medios locales, se desconoce si el fiscal federal Federico Zurueta o el flamante titular de la Fiscalía Federal N°2, Sebastián Jure, iniciaron algún tipo de investigación, siquiera pidiendo a los gobiernos provinciales y nacionales la remisión de datos esenciales para esclarecer un posible fraude.