Gobierno emitió cheques sin fondos por $88 millones
Un escándalo dentro de otro escándalo.
El ingenio azucarero La Esperanza, sumido en una controvertida venta a un grupo inversor sumamente cuestionado por la justicia, en términos que hoy se desconocen, aparece envuelto en otra grave irregularidad.
Según un informe del Banco Central de la República Argentina, entre los meses enero y septiembre de este año emitió 80 cheques sin fondo por un valor de 88 millones de pesos.
Sus acreedores son productores que prestan servicio a la empresa así como proveedores de materia prima.
El directorio de la empresa está conducido por Carlos Saman y Luis Daniel Rizzotti (hermano del ministro de infraestructura), quienes fueron designados por el gobierno provincial.
El informe fue emitido por la autoridad monetaria en octubre de 2018 y da cuenta de la sistemática maniobra en la que incurre el gobierno de la provincia a la hora de regularizar sus deudas.
Antes, se habían conocido situaciones similares (aunque por cifras menores) en el Ministerio de Desarrollo Humano con el pago a comedores infantiles y en el de Desarrollo Económico, con las deudas a trabajadores de la finca estatal Chalicán, en el departamento San Pedro.
La entrega de cheques sin fondo está penada por el artículo 302 del código penal y prevé penas de prisión que van de 4 meses a 6 años.
Los inconvenientes financieros no fueron informados ni por el gobierno de la provincia ni por el directorio de la empresa, que se caracteriza por su falta de transparencia en la ejecución de los millonarios presupuestos de los que dispone.
El Ingenio La Esperanza permanece quebrado desde finales de la década del noventa. Administrado artificialmente por el estado ha generado desembolsos de dinero público por más de mil millones de pesos, sólo desde la llegada de Gerardo Morales a la gobernación.
De ese monto, no se conoce una sola rendición de cuentas.
El juez Juan Pablo Calderón, administrador judicial de la empresa en quiebra, tiene en sus manos la aprobación del convenio suscripto entre la provincia y un grupo inversor de origen colombiano que hasta hoy no ha podido demostrar su existencia real ni su solvencia para realizar la operación.