Corre el reloj para los inversores colombianos
Cómo se adelantó el pasado martes, el ingenio La Esperanza atraviesa momentos clave en su devenir en la justicia: el juez Juan Pablo Calderón, quien lleva adelante el trámite judicial de la empresa quebrada hace 18 años, dio pasos concretos para decidir si es viable su venta al grupo inversor colombiano que propuso el gobierno de Gerardo Morales.
La información fue confirmada por el representante de la provincia en el Comité de Control de Acreedores, Mariano Ramiro Zurueta, quien dialogó con el “Viva Jujuy”, que se emite por Radio 2 de lunes a viernes, de 9 a 13.
Zurueta explicó que tras la notificación del juez, la empresa Nikoil, perteneciente al grupo Omega Energy, deberá presentar hasta antes del 31 de enero la documentación que acredite la seriedad de su oferta y los avales correspondientes para desembarcar en el país con el fin de desarrollar una actividad comercial.
Mediante este requerimiento, el juez evaluará la posibilidad de avanzar en el análisis de la venta.
En los meses previos, el gobierno provincial desplegó una larga negociación en la que se propuso interesar a los inversores colombianos para que inviertan en el ingenio azucarero de la localidad de San Pedro, que decretó su quiebra hace 18 años y es financiado desde entonces con fondos públicos.
Hasta el momento, la operación se manejó en el plano político, pero tras el acuerdo comenzaron a moverse piezas en el expediente judicial.
Los interesados y el gobierno le presentaron en forma conjunta la oferta al juez para comprar el ingenio La Esperanza, en una operación que ronda los 85 millones de dólares, un plan de inversiones a mediano plazo y un esquema de salida de la banca rota.
En respuesta, Calderón notificó a cada una de las partes interesadas. Estos son, los síndicos, y los integrantes del Comité de Control de Acreedores, es decir, a quienes el ingenio les debe desde hace casi dos décadas.
Allí también hubo movimiento. En las últimas horas y luego de que se conozca públicamente las decisiones del juez, la provincia decidió reemplazar al representante de la provincia en el Comité de Acreedores, el abogado Pablo Mármol, y en su lugar designó a otro letrado, Mariano Ramiro Zurueta.
Además de confirmar la vigencia del plazo impuesto por el juez, Zurueta explicó que considera viable desde el punto de vista legal la posible venta del ingenio azucarero a los inversores colombianos, peses a las restricciones lógicas que las leyes le imponen a una empresa que lleva tantos años en banca rota.
“La ley le permite al juez analizar cuál es la propuesta u oferta que sea más razonable al caso. No lo ata de manos”, explicó. Esta lectura coincide con la intención del poder ejecutivo a lo hora de avanzar en la operación.