La adquisición de tecnología en el 911 no equivale a obtener resultados

El proyecto original “Jujuy seguro e interconectado” contemplaba una plataforma 911, alrededor de 600 cámaras, sistemas de grabación, puestos de operadores, telefonía IP, fibra óptica y un centro de procesamiento de datos. La puesta en funcionamiento de la central 911 en 2022 representó un avance, pero la expansión posterior de la videovigilancia plantea dudas sobre el grado de integración alcanzado. Desde 2025 se sumaron 25 cámaras destinadas a Alto Comedero y se anunció la adquisición de otras 1.003 para once municipios, con funcionalidades que incluirían reconocimiento facial, identificación de vehículos y análisis automatizado.

Sin embargo, la utilidad de estas herramientas depende de su compatibilidad con la infraestructura existente, la conectividad, la capacidad de almacenamiento, el mantenimiento, la capacitación y la existencia de protocolos comunes. Sin esas condiciones, el riesgo es ampliar el equipamiento sin consolidar una verdadera red coordinada. Uno de los principales interrogantes es el destino y la puesta en funcionamiento de las 1.003 cámaras: según los antecedentes disponibles para este análisis, los equipos habrían llegado a Jujuy a comienzos de octubre de 2025 y su instalación total se habría previsto para junio de 2026.

Si no existe información oficial verificable sobre su distribución, instalación y operatividad, el gobierno debe precisar dónde se encuentran, qué porcentaje funciona, qué obstáculos surgieron y cuáles son los plazos pendientes. Recibir equipamiento no equivale a incorporarlo efectivamente al sistema de seguridad: una cámara almacenada no previene delitos ni aporta imágenes en tiempo real. También corresponde conocer cómo se preservan los equipos, qué garantías mantienen su vida útil y quién responde por posibles demoras, deterioros o pérdidas de valor. Del mismo modo, la compra de las 25 cámaras para Alto Comedero exige transparencia sobre el procedimiento de contratación, los costos, las condiciones, la compatibilidad técnica y los controles aplicados, especialmente si intervino una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

No se trata de presumir irregularidades, sino de garantizar que la urgencia no justifique opacidad ni reduzca los controles sobre el uso de fondos públicos. A estas cuestiones se suma la diversidad de centros municipales de monitoreo, con diferentes esquemas de conducción y administración: algunos civiles, otros mixtos y otros bajo la órbita policial.

La participación municipal puede responder mejor a las necesidades territoriales, pero sin una autoridad coordinadora, competencias delimitadas y procedimientos uniformes, la descentralización puede generar fragmentación operativa. Es necesario saber quién coordina los centros, quién accede a las imágenes, cómo se comparte la información entre municipios y provincia y qué mecanismos garantizan que una alerta llegue oportunamente al despacho policial. También debe asegurarse que las grabaciones relevantes para una investigación se conserven con integridad, trazabilidad y condiciones que permitan su utilización como evidencia judicial.

La eficacia del sistema depende de una cadena operativa que conecte la detección, la evaluación, el despacho de recursos, la intervención y el seguimiento posterior, no de la mera conexión de dispositivos. El factor humano constituye otra preocupación central: un relevamiento técnico citado en este análisis señala que la cobertura de los puestos habría rondado el 50% en videovigilancia, el 80% en despacho policial y el 40% en atención de la demanda ciudadana.

Si estos porcentajes continúan vigentes, evidenciarían limitaciones importantes para sostener un servicio permanente. La vigilancia las 24 horas requiere operadores suficientes, supervisores, personal de despacho, especialistas técnicos y equipos capaces de responder ante fallas informáticas o de conectividad. Estas cifras deben actualizarse y respaldarse oficialmente, junto con indicadores sobre los tiempos de atención de llamadas, despacho e intervención, la disponibilidad de los puestos, las fallas técnicas y el porcentaje de cámaras operativas.

Una cámara puede registrar un hecho sin que nadie lo advierta a tiempo; una alerta puede detectarse sin que exista una comunicación eficaz con la policía. Son riesgos que deben medirse y esclarecerse, porque ninguna inversión tecnológica reemplaza al personal necesario para convertir la información en una respuesta concreta.

También preocupa el estado de la infraestructura: si los componentes centrales del sistema acumulan entre ocho y diez años de servicio, como advierte el relevamiento mencionado, corresponde conocer su estado actual, el historial de fallas y el plan de renovación.

Los problemas de hardware, conectividad, alimentación eléctrica o almacenamiento pueden comprometer tanto la continuidad del monitoreo como la conservación de las imágenes. Incorporar nuevos equipos sin garantizar capacidad de procesamiento, redes estables, redundancia energética y mantenimiento preventivo podría sobrecargar una plataforma que ya presente limitaciones. A esto se agrega la cuestión de los estándares de gestión: el análisis de base señala que el SE911 no contaría con certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 27001, extremo que debe contrastarse con documentación oficial actualizada. La ausencia de una certificación no demuestra por sí sola ineficiencia o inseguridad, pero el organismo debe explicar qué procedimientos aplica para gestionar la calidad, evaluar riesgos, controlar accesos, registrar incidentes y auditar sus operaciones.

La incorporación de reconocimiento facial y otras herramientas automatizadas vuelve todavía más urgente la necesidad de controles. Estas tecnologías pueden contribuir a determinadas investigaciones, pero también implican riesgos de identificación errónea, vigilancia excesiva, accesos indebidos y utilización de datos para fines distintos de los autorizados. Por ello, es indispensable conocer el fundamento legal de su utilización, qué información procesan, cuánto tiempo se conserva, quién puede consultarla, cómo se registran las búsquedas y qué mecanismos permiten detectar y sancionar abusos.

También deben aclararse las reglas para compartir información entre organismos provinciales y municipales, la existencia de evaluaciones de impacto sobre la privacidad y los procedimientos para atender reclamos. La observación preventiva, la atención de emergencias y el tratamiento de imágenes con fines judiciales no son operaciones equivalentes: cada una requiere finalidades legítimas, responsabilidades identificables y controles proporcionales.

La seguridad pública no puede convertirse en una autorización ilimitada para recolectar y utilizar datos personales. En definitiva, la evaluación del 911 jujeño no puede reducirse a la cantidad de cámaras instaladas ni a los anuncios de nuevas compras. El gobierno provincial debe informar la situación real de los 1.003 equipos, los costos y procedimientos de contratación, los plazos de ejecución, la integración de los centros municipales, la cobertura de personal, el estado de la infraestructura y las reglas de acceso y conservación de las imágenes.

También debe precisar qué objetivos se fijaron, cuáles se cumplieron, cuáles presentan demoras y quién es responsable de cada etapa. La rendición de cuentas debe incluir resultados verificables, como la reducción de los tiempos de respuesta, la disponibilidad efectiva de los equipos, la atención de las llamadas, la coordinación entre centros y la preservación confiable de la evidencia.

Este antecedente refuerza la necesidad de transparentar las responsabilidades contractuales, los costos, los plazos y los controles sobre las inversiones. No se trata de negar la utilidad de la videovigilancia, sino de exigir que la tecnología esté acompañada de planificación, personal, mantenimiento, coordinación institucional y garantías para proteger los derechos de la ciudadanía. Jujuy necesita saber si está construyendo un verdadero sistema integrado de seguridad o si continúa ampliando una infraestructura tecnológica cuya operación y gobernanza presentan interrogantes sustanciales. Porque, en materia de seguridad pública, comprar tecnología no equivale a demostrar resultados: la eficacia se mide en alertas atendidas, intervenciones oportunas, fallas corregidas y datos protegidos.