Nueva embestida contra la justicia

Ahora todo parece indicar que el presidente cuenta con menos respaldo del que semejante iniciativa ameritaría. Al menos a juzgar por los posicionamientos explícitos - o la falta de ellos - en su propio espacio.

Sobre un total de 18 gobernadores peronistas en las 24 provincias del país, el mandatario nacional aspiraba sumar las voluntades de todos, o al menos tener sólo alguna excepción lógica.

Sin embargo, hasta hoy sólo 11 caudillos provinciales lo respaldaron, con el incómodo episodio en el medio protagonizado por el entrerriano Gustavo Bordet, quien desmintió haber firmado la petición que el presidente y sus colegas habían rubricado y en la que estaba inicialmente incluido.

No solo un grupo de gobernadores no acompañaron la iniciativa presidencial, sino que por estas horas se hace ostensible la falta de pronunciamiento sobre el tema por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que de momento, ha decidido omitir en sus canales habituales de comunicación qué opina de la acusación que su compañero de fórmula dirigió contra los jueces del máximo tribunal.

Tampoco La Cámpora, ni mucho menos su líder, el diputado Máximo Kirchner, han dado muestras de salir a militar la batalla.

Mientras tanto el ministro de Justicia, Martín Soria, habló sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y no descartó la posibilidad de actuar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En ese sentido, recordó que la ley no prohíbe esa instancia como herramienta para el Poder Ejecutivo.

Soria habla de una suerte de bloqueo institucional por parte de la oposición aduciendo que cerca el funcionamiento, no solamente del Consejo con la anuencia de la Corte Suprema, sino también desde la oposición y desde sus medios que fagocitan este bloque institucional.

Martin Soria plantea que el artículo 99 de la Constitución, que habla precisamente de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU en este sentido.

Recordemos que existe una diputa entre el oficialismo y la oposición por uno de los cuatro lugares que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial que desde abril es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Esa disputa tiene paralizado al Consejo desde el 18 de noviembre.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó el pedido de juicio político del gobierno nacional a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostuvo que se está ante una “crisis institucional sin precedentes”.

“Es posición inveterada de esta Asociación que la promoción de juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos, implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”, sostuvo la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y por su secretario general, Marcelo Peluzzi.

“El devenir de los sucesos y los anuncios que, a través de diferentes funcionarios nacionales, se vienen dando en las últimas horas, nos ponen en alerta y nos instan a expresar nuestra desaprobación en toda su extensión”, agregó la AMFJN, la entidad política y gremial de la justicia nacional y federal, y sostuvo que “la división de poderes y la independencia judicial, establecidos en la Constitución Nacional, deben asegurarse bajo cualquier circunstancia para garantizar un Estado de Derecho”.

Pero el panorama se pone complicado con el juicio político debido a que el proceso requiere la convalidación de los dos tercios de la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado con la misma exigencia. Cómo lograr ese número con un proyecto tan álgido es la pregunta que se hacen los integrantes del Frente de Todos en general y del bloque de Diputados en particular.

La certeza es una: sin el número previsto por la Constitución no hay juicio político que avance y sin capacidad de negociar con la oposición tampoco. Así, el proyecto podría naufragar tal como pasó con el que buscaba la ampliación de la Corte Suprema.

En la oposición también lo tienen en claro, y la postura casi que no permite un análisis respecto de la posibilidad de que Rosatti haya o no cometido alguna de las inconductas previstas en las causales de juicio establecidas por el sistema democrático.

No es la primera vez que en Argentina se habla del juicio político a miembros de la Corte Suprema. De hecho Alberto Fernández era jefe de Gabinete cuando en la presidencia de Néstor Kirchner se enjuició al Máximo Tribunal conocido como "la mayoría automática" de Carlos Menem. En aquel entonces el proceso se emprendió contra cinco de los nueve jueces: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano.

La herramienta constitucional tiene como fin la destitución de las máximas autoridades del país por causales que van desde el mal desempeño de funciones, la comisión de un delito durante las mismas o crímenes comunes. La primera de ellas fue alegada por el presidente en la carta que publicó durante la mañana del domingo 1° de enero de 2023.

El proceso de juicio político es conducido por el Congreso, con una primera intervención de la Cámara de Diputados donde se recibe la denuncia y se da curso a la Comisión de juicio, actualmente presidida por la oficialista Ana Carolina Gaillard. De proceder esa denuncia, se debe comenzar a trabajar en una investigación que tiene cuestiones procesales similares a la de cualquier causa judicial. Una vez que eso sucede se emite un dictamen con la postura.

En caso de que el dictamen convalide el juicio, deben presentarlo ante el Senado, que es el que tiene la palabra final. Como se mencionó, para alcanzar la destitución son necesarios los votos de al menos dos tercios de los senadores y senadoras presentes.

Lo particular de la jugada presidencial es que se conoce de antemano que no prosperará. En términos futbolísticos, Fernández se presentó a jugar un partido que sabe que perderá o que probablemente nunca se jugará.