La Corte avanza en la definición sobre la detención de Milagro Sala
La polémica por la detención de Milagro Sala parece aproximarse a una etapa de definición.
El tema, que trascendió las fronteras del país y fue adoptado como una bandera política para los opositores al actual gobierno, se resume en una cuestión técnica: la utilización correcta o no de la prisión preventiva dictada en contra de la dirigente, mientras se resuelven las numerosas causas judiciales por corrupción y otros delitos penales que la involucran.
La justicia jujeña considera que es necesario mantener bajo prisión preventiva a Sala, en el convencimiento que podría incurrir en lo que técnicamente se define como “colusión de testigos”, esto es, la persuasión para que modifiquen los testimonios brindados ante los jueces. Por esa razón Sala permanece alojada en el penal de mujeres de Alto Comedero.
Sin embargo, como una muestra de que las garantías institucionales están aseguradas, el Superior Tribunal de Justicia le concedió a la defensa de Milagro Sala la posibilidad de recurrir, mediante un recurso extraordinario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese contexto, los jueces supremos han dado en las últimas horas una señal demostrando estar abocados al tema.
Mediante una resolución firmada por sus cinco miembros, le solicitaron al juzgado federal de Jujuy, a cargo del juez federal Wenceslao Cardozo, que tramite una serie de diligencias a fin de determinar cuáles son las condiciones en las que se encuentra detenida Milagro Sala.
Asimismo, deberá informar sobre todas las causas en las que se encuentra involucrada la líder de la organización barrial Tupac Amaru y que determinaron su prisión preventiva.
Para ello, la Corte puso a disposición de Cardozo todos los recursos de la justicia federal a su alcance.
Al respecto, el fiscal de estado de Jujuy, Mariano Mirando, consideró que la resolución representa “una buena noticia”.
“La corte se está abocando al conocimiento de la situación; es una muestra de que están aseguradas todas las garantías”, agregó Miranda.
El funcionario provincial, responsable de promover las acusación que el gobierno local impulsó contra Sala, explicó que se trata de un requerimiento de oficio, suscripto por los cinco miembros de la Corte, quienes le piden al juzgado federal que tome intervención y pida la información al servicio penitenciario.
“La corte está tratando de verificar que se den las condiciones óptimas que debe tener cualquier persona privada de su libertad, se analiza que se cumpla con los estándares internacionales, ya que Argentina está adherida a ciertos pactos que son los que se debe cumplir”, explicó Miranda.
Entre esos requerimientos, se contempla el estado de los sanitarios, garantizar el contacto con el mundo exterior, esparcimiento, no hacinamiento y respeto a la identidad cultural.
El plazo para que el juzgado federal informe sobre lo requerido por la Corte es de cinco días hábiles desde la notificación.
El mismo se cumplirá la semana próxima.
La información requerida por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguramente representará un elemento para definir sobre la situación de la dirigente jujeña, aunque la cuestión de fondo pasa por la utilización de la prisión preventiva.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ya anticipó que esa instancia es definitoria, y que lo que allí surja, es lo que finalmente van a acatar las autoridades. En otras palabras, la Corte define si libera o no a Milagro Sala, y esa definición parece estar en proceso.