Jujuy | Justicia

Investigan 136 obras sospechadas de corrupción

Se trata de contrataciones realizadas por el gobierno entre los años 2014 y 2015, que involucran a cuatro empresas, entre ellas la constructora INBER, acusada de cometer delitos por el propio gobernador Gerardo Morales; el disparador fue el audio en el que un funcionario pedía coimas.

La obra pública continúa siendo una inagotable fuente de sospechas de corrupción en Jujuy. 

Lo fue durante el gobierno kirchernista de Eduardo Fellner, caracterizado por la falta de rendición de cuentas y el retraso excesivo en la finalización de las obras, y lo es durante la gestión de Gerardo Morales, que modificó un artículo de la ley de obra pública para elevar los montos que obligan a llamar a licitaciones y le dan mayor discrecionalidad a los funcionarios para “invitar” a las empresas amigas a participar. 

En ninguno de los dos casos había empeño por mostrar quienes son los beneficiados con los jugosos contratos que paga el estado. 

La inquietud del fiscal surge luego de la viralización del ya célebre audio en el que el empresario Rodrigo Insausti, propietario de la empresa INBER construcciones, grabó al asesor legislativo, Gastón Baigorria, pidiéndole una coima para archivar documentos que, según él, lo comprometían. 

La oficina anticorrupción intervino en un caso puntual, en el que no pudo determinar que la empresa haya cometido actos de corrupción. Sin embargo, el fiscal de investigación penal, Aldo Lozano, repasa 136 obras, en las que, según sus afirmaciones, podría haber algún delito. 

“Siempre eran las mismas (cuatro empresas) las que participaban. Es el patrón que se observa. Eran siempre invitadas”, indicó Lozano en Radio 2. 

Aldo Lozano, fiscal de investigación penal N°4 

Lozano sostuvo que el periodo de tiempo que transcurría en la intervención de cada una de las empresas sospechadas daba la sensación de que se turnaban para recibir un contrato. 

En esta instancia, la auditoría se aboca a recabar pruebas y analizarlas, mientras aguarda información financiera. 

“Posteriormente, habrá que revisar la actitud de funcionarios y empresarios”, indicó Lozano.