Un abogado en soledad critica la reforma judicial

La norma fue aprobada el 15 de diciembre del 2015 en sesión extraordinaria como Ley 5878 con el voto afirmativo de los 25 legisladores del bloque oficialista.

Se trato nada más y nada menos que de la ampliación de la cantidad de miembros que integran el Superior Tribunal de Justicia, el máximo tribunal de la provincia. De esta manera, se agregaron cuatro jueces al alto cuerpo, que pasó de cinco a nueve miembros a partir de esta modificación.

Además, en consonancia con la norma, se aprobó la creación de cuatro salas: civil y comercial, sala penal, sala contencioso administrativo y sala laboral con distribución de las competencias.

Las mismas quedaron  integradas por tres vocales y el presidente del STJ.

Las nuevas incorporaciones estuvieron integradas por el entonces legislador provincial Pablo Baca, la también legisladora provincial Beatriz Altamirano quiénes tenían mandato como diputados provinciales hasta el año 2017, Federico Otaola, profesional de San Pedro de Jujuy y la Laura Nilda Lamas González, Juez del Tribunal en lo Criminal N°3 del Poder Judicial.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar sobre todo porque siendo esto parte de un proyecto que apuntaba  a la independencia judicial se asemejaba a un intento por posicionar al oficialismo al frente de tan importante órgano.

Un abogado del foro local, Alberto Nallar, se opuso desde un primer momento, planteando un recurso de inconstitucionalidad y una denuncia penal por  alteración del orden constitucional y democrático (delito que  prevé prisión perpetua) contra  los legisladores que dictaron la ley, para el gobernador  y para los vocales del Superior Tribunal que fueron funcionales a la decisión.

El letrado recordó, en el programa Sobremesa ( Canal 2) que en 2015, al día siguiente de su asunción, el gobernador Morales envió un decreto con 25 proyectos de leyes a la Legislatura de la provincia con el objeto de que se convoque a sesión extraordinaria para tratarlos.

Dentro se incluía uno "encriptado" donde se planteaba una reforma a la ley 4055, la ley orgánica de tribunales.

"El proyecto llegó a la Legislatura, y se convocó  la sesión para el lunes y fue notificada a los legisladores el domingo por la noche. Pese a que se advirtió que no estaban conformadas las comisiones, se decidió  el martes  tratar exclusivamente ese proyecto. El martes por la mañana entra en comisión y aparecen conformadas dos comisiones, una de asuntos institucionales y otra de economía y, al mediodía,  producen dictamen", sostuvo al tiempo que ironizó sobre la rapidez con la que actuaron los legisladores.

Y continuó: "esa tarde se reúne la Legislatura y a las 10 de la noche la ley pasó al Ejecutivo para que la promulgue. A las doce de la noche fue publicada en el boletín oficial. Según las normativas vigentes, salvo que se explicite dentro del proyecto que entra en vigencia de modo inmediato  lo hace a los 8 días. A pesar de ello el miércoles a la mañana remite el pliego de los nuevos 4 miembros con Altamirano y Vaca antes de que haya entrado en vigencia.

"El jueves se tratan los pliegos, se aprueban, vuelve al ejecutivo, saca el decreto y vuelve inmediatamente a la Legislatura.

El viernes al mediodía juraron. El decreto de la designación tendría que haberse publicado también en el boletín oficial pero se hizo un mes después", agregó.

"¿ A qué se debe una urgencia de tal magnitud para decidir una cuestión institucional de tanta gravedad como es modificar la estructura del órgano máximo del poder judicial?", se preguntó.

El letrado destacó que si bien ese cuerpo está integrado por 9 miembros los que firman sentencias son solo 3, ello a pesar de que lo estipulado es que lo hagan 5 o más".

"Tenemos un superior comité radical de justicia", brome a la vez que explicó que lo único que hizo la Legislatura fue otorgarle al gobernador la suma del poder público al permitirle colocar a conocidos militantes del partido del gobierno.

Respecto a la denuncia en cuestión, Nallar recalcó que la causa no ha tenido un trámite activo y que la misma continúa en manos del Superior Tribunal de Justicia.