Última semana del año con el frente estatal crispado
El bono de fin de año, calificado como miserable por los sindicatos, y una recomposición salarial que se quedó bastante más atrás que la inflación generada por la devaluación que realizó el gobierno nacional a principios de año, son los puntos más salientes de un cierre conflictivo en la relación de los empleados públicos y su patrón, el gobierno provincial.
El gobierno no ha podido corregir situaciones problemáticas que si bien heredó de la gestión pasada, ha sostenido durante todo 2016.
Los errores en la liquidación de haberes son un ejemplo de ello. Según los gremios, los montos que el gobierno retiene de los salarios pero no deposita en la AFIP como parte de los aportes patronales que la ley exige, son una irregularidad que se mantiene. Esto ha sido, incluso, motivo de denuncias judiciales por dirigentes que integran la actual gestión. Sin embargo, aún se sostiene.
Los sindicatos, en tanto, arrastran un proceso de deslegitimación desde hace ya algunos años. Muchos de sus líderes están identificados con dirigencias políticas sospechadas de corrupción, y no cuentan con mayor adhesión entre sus afiliados.
Se sostienen desde hace años en sus cargos mediante elecciones con listas únicas, en general rodeadas de sospechas por irregularidades, violencia y sofocación para cualquier intento de nuevos liderazgos.
Esto le permitió al actual gobierno proceder a una medida inédita: descontó cada paro que se realizó durante 2016, dejando sin capacidad de reacción a los sindicatos.
En este marco, el próximo miércoles habrá una nueva medida de fuerza.
Los dirigentes intentarán mostrar unidad y uniformidad en la lucha e impulsan un nuevo paro.
Será un mensaje para la administración de Gerardo Morales. El mismo indica que, pese a la crisis que atraviesan, los representantes de los trabajadores continúan activos, y no se resignarán a las imposiciones de la gestión actual.
Así, 2016 culmina sin crisis, pero con una relación conflictiva entre el gobierno y sus empleados.