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Transporte: empresas percibirán $ 5 por boleto más $ 2,96 de subsidio

La incapacidad del municipio capitalino de hacer valer las ordenanzas en vigencias, de controlar a las empresas y obtener información real sobre el servicio que prestan, hace que San Salvador, tenga la tarifa más alta del transporte de pasajeros.

Por cada pasajero transportado e incluyendo el nuevo aumento de $ 5 más el subsidio que otorga la Secretaría de Transporte de la Nación de $ 2,96,  las empresas del medio pasarán a percibir un total de $ 7,96 por boleto cortado, quedando en evidencia una cierta complicidad entre el municipio y la empresas, para llegar al valor reclamado cuando se solicitó este nuevo aumento de boleto.

Con este esquema la municipalidad evita enfrentar a las empresas de juego o casinos de la ciudad, que tienen que financiar el BEGU aportando el 50% de su valor a través de las máquinas tragamonedas y finalmente traslada este costo al trabajador común que se ve obligado a movilizarse diariamente a sus fuentes laborales, abonando la tarifa más cara del mercado.

Con este monto, además se compensan los abonos gratuitos de jubilados, discapacitados y escolares, a pesar de que las empresas también perciben el subsidio de $ 2,96 por pasajero transportado.

En ningún caso las empresas realizan viajes gratuitos, porque perciben subsidios de la Nación por pasajero transportados corten o no boleto.

Así lo aclaró el contador Roberto Rodríguez en el estudio de costos realizado por él, como titular de la Cátedra Costo I y Costo II de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad nacional de Jujuy.

El objetado estudio, en realidad es una actualización de montos que figuran en estudios realizados anteriormente, que se fue actualizado en base de información obtenida de la Secretaría de Transporte de la Nación y según declaraciones juradas que hacen las empresas sobre pasajeros transportados y sobre kilómetro recorrido ante el SISTAU, que es el organismo que controla la información que reciben las empresas de transporte de todo el país y que sirve como base para que se otorguen los subsidios.

El Estado nacional, destina mensualmente un total de 197 millones de pesos de subsidios para las empresas de transporte de todo el país, que transportan 66.400.000 de pasajeros. De la división de ambos montos, se obtiene la suma de 2,96 que recibe por pasajero transportado, cada empresa.

“Este es un trabajo de actualización del costo sobre el que se determinó en marzo del 2014.
Sirve para que se discuta en una Audiencia Pública, porque le estoy dando alternativas para que decida el poder político. Yo no puedo decidir ni recomendar qué tarifa tiene que aplicar", aclaró el contador Roberto Rodríguez, autor del trabajo, en diálogo en exclusivo con Radio 2.

A pesar de las apreciaciones del Rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi que se negó a avalar este estudio, gozaría de toda la legalidad que se le dio en su momento en el marco de un convenio celebrado entre la Municipalidad de San Salvador y la Facultad de Ciencias Económicas.

"Es un trabajo técnico sustentado en varios parámetros; uno de ellos es una metodología a efectos de no caer en generalidades y en este caso se tomó la que recomendó la Secretaría de Transporte de la Nación y se trabajó en ciertas pautas y criterios propios. Este criterio de interpretación de algunos parámetros que tiene que tener una estructura de precios, más beneficio, costo, más beneficio, son de carácter personal. Lo que tengo que hacer es aportar con la mayor objetividad y con las pautas claramente definidas, cuál es la metodología para llegar a un valor. Ese valor es una recomendación que va a dar lugar a determinada  tarifa", aclaró Rodríguez.

De acuerdo a ese trabajo que se entregó, hay tres alternativas, tres tarifas del boleto que podrían surgir sin considerar los subsidios. "El que tiene que determinar el precio final es el poder político;  si lo quieren lo toman y si no lo toman".

Quedó en evidencia en el estudio, que gran parte de las falencias que existen son gran responsabilidad del municipio capitalino y de las mismas empresas que no aportan la información necesaria para realizar un estudio más profundo y real, que determine un valor de acuerdo a la realidad local y no dependiendo de informes otorgados a organismo nacionales. "Hay dos informaciones que no tiene la municipalidad y si la tiene la tiene muy a medias, porque no hay un sistema de gestión de control de transporte", apuntó el profesional.

Rodríguez despejó dudas sobre versiones de que estaría sumariado en la Universidad de Salta. Al respecto, mencionó la resolución 398/10 donde después de diez años, el Consejo Superior de esa casa de estudios, liberó de total responsabilidad, de toda acusación que se le hizo. "No es fácil bancarse dos juicios académicos, con tribunales que habían que mirarlos de reojo. Sin embargo, lo hice, lo afronté porque tenía mi conciencia tranquila. Hubiera sido más fácil, decir me voy de la Universidad y se terminó”.

Pero no, sigo al frente como docente de la Universidad y siendo docente he iniciado hace cuatro años, acciones  legales contra la Universidad por daños y perjuicios, por ese antecedente. No tengo problemas de afrontar, decir, mostrar, porque nunca me escondí para nada", finalizó.