Saqueos: “Hay que dejar de ofrecer pavadas e indemnizar a comerciantes”
El Dr. Miguel Ángel Cabezas, reconocido abogado del foro local, se refirió en estos términos a los créditos y subsidios anunciados por el Gobierno provincial para ofrecer a los comerciantes afectados en los saqueos.
Luego de los saqueos perpetrados hace diez días en San Salvador de Jujuy, San Pedro y Perico por bandas de delincuentes que aprovecharon la ausencia policial ante un reclamo salarial por parte de las fuerzas policiales que dejaron de esta forma a la sociedad librada al azar ante los malvivientes y oportunistas, el Gobierno provincial ha anunciado que se otorgarán créditos y subsidios para los comerciantes que fueron afectados en dichos saqueos para que puedan salir adelante y recomponer sus negocios.
Sin embargo, un reconocido abogado del foro local, el Dr. Miguel Ángel Cabezas, cree que la verdadera solución es indemnizar a los comerciantes afectados por la totalidad de los daños afectados y los bienes sustraídos por los malhechores.
Entrevistado por Radio 2, el doctor cabezas indicó que “en términos de realidades objetivas y jurídicamente hablando, el Estado debe indemnizar lisa y llanamente (a los comerciantes saqueados), debe abonarles una indemnización aún cuando sea de carácter objetivo (50.000 ó 100.000 pesos) y que después cada uno de los comerciantes afectados tenga la posibilidad de acudir a la Justicia y demostrar que su daño ha sido superior, pero no cabe dudas que debe ser una indemnización total, resarcitoria, restituyente del daño”.
En este sentido, Cabezas explicó que “el Gobernador asumió la responsabilidad, ´(pero) no hacía falta que el Gobernador asuma la responsabilidad, lo dice la Constitución de la provincia. Si se repasa el artículo 137, en sus incisos 15, 20 y 23 donde dicen que él (el Gobernador) es el responsable, que lo diga o no lo diga no agrega nada”.
“A la par de la Constitución de Jujuy que hoy rige, hay que coordinarla con la Ley Orgánica Policial. La Ley 3.157 en su artículo 1 dice que le corresponde a la Policía de la Provincia el mantenimiento del orden público y la paz social; el artículo 8 dice que su función de policía de seguridad consiste en el mantenimiento del orden público, la preservación de la seguridad pública y la prevención del delito”, dijo.
Asimismo, el abogado agregó que “en la misma ley, en el artículo 9 dice que le corresponde a la Policía de la Provincia prevenir y reprimir toda perturbación del orden público, garantizando especialmente la tranquilidad de la población, la seguridad y la propiedad de las personas contra todo ataque o amenaza”.
“El comerciante, el ciudadano de a pie que se gana el pan de cada día con su trabajo, está acostumbrado a trabajar, a levantarse a la mañana, hacer horario corrido sin cerrar al mediodía, no espera del Estado otra cosa que condiciones mínimas de seguridad. allí entramos en otro problema, que es que no hay un plan de seguridad colectiva, es decir, hay seguridad social, seguridad jurídica, etc. Todos esos son diversificaciones de un concepto general de seguridad colectiva, que no la hay”, subrayó.
Y enfatizó que “la Unión de Empresarios tiene que pedirle a cada empresario un listado de la mercadería, efectos robados y hurtados y, aprovechando la declaración de que el Gobernador se hizo responsable, pasarle la cuenta”.
Consultado sobre cuáles habrían sido los motivos que impulsaron al Gobierno provincial a ofrecer créditos y subsidios en lugar de indemnizaciones, Cabezas puntualizó que “hay que poner esto en el marco del contexto de lo que estamos viviendo, y hay que partir de la base de que en Jujuy no hay Gobierno, no existe. Entonces, aprovechan, difuminan ideas, lanzan 100 pavadas y ninguna resuelve ni la urgencia del comerciante, empresario o miniempresario hoy, ni tampoco lo resuelve a futuro. Nos entreveran con un bombardeo de pavadas, en donde se hacen 10 reuniones y a la reunión número 11 no va nadie, pasamos el verano, el carnaval, vienen las clases, nadie se acuerda de esto y seguimos viviendo la vida como si nada”.
“Creo que la indemnización básica de plano, para arrancar una conversación con la UEJ, no puede ser menor a 50.000 pesos a cada uno de los comerciantes afectados. Se critica el monto destinado a publicidad y se le exige resultados al doctor Alderete con un presupuesto de 800.000 pesos que se lo gastará en dos meses, porque no alcanza para nada, menos para la función que debe cumplir”.
“Pero ese presupuesto fue aprobado y sancionado por alguien, yo no escuché a nadie oponerse y decir que ‘en el resultado final la suma y resta de esto no altera, cambiemos la partida de publicidad a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones y el presupuesto de la secretaría lo pasemos a publicidad, en la suma y resta de los números finales no altera”, expresó.
Y aseguró que “lo mismo ocurre con esto, en ese presupuesto, del monto que sea para publicidad, el Gobernador debiera afectarlo con un decreto a la partida para el pago de las indemnizaciones, mandar ese decreto a la Legislatura y decirles a los diputados: ‘miren, yo he tomado esta medida porque creo que es lo correcto’”.
“Yo creo que nadie se opondría a que se transfiera la partida de la publicidad de los actos de Gobierno a una partida para indemnizaciones a los comerciantes o a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las adicciones. (De esta manera) no estamos resolviendo ni la emergencia ni los problemas a futuro”, concluyó.