Repudian y objetan liberación del ex militar Jorge Ripoll

“Los organismos históricos de DDHH de la Provincia de Jujuy  expresamos con indignación nuestro profundo repudio a la decisión  de la Cámara  integradas por los jueces Rabbi Baldi Cabanillas, Roberto Gerardo Loutayf Ranea, Jorge Luis Villada, de liberar  por  “falta de mérito” a uno de los represores emblemáticos de nuestra provincia durante la última dictadura militar, el  capitán retirado Jorge Isaac Ripoll” expresaron en un comunicado de prensa las entidades que siguen la realización de los juicios de lesas humanidad en nuestra provincia.

Sobre Ripoll, destacaron que fue “un  oscuro personaje, mano derecha de quien fuera el  principal responsable de la represión en  Jujuy, el coronel Carlos Néstor Bulacio, jefe del  área  323 como así también  jefe del  RIM 20 , lugar denunciado por numerosas víctimas como centro clandestino de detención”.

Recalcaron que Ripoll arribo a Jujuy para formar parte del área 323. “Era quien recibía a los familiares en el regimiento  cuando íbamos en búsqueda del paradero de nuestros seres queridos. Compartió estructuras, espacio y tiempos con otros represores como Braga quien está actualmente  siendo juzgado. Ripoll formaba parte  de ese dispositivo clandestino en el cual nada estaba librado al azar, todos cumplían una función dentro de ese engranaje de la muerte y desaparición. Pretendernos hacer creer que el coronel Ripoll era ajeno a lo que sucedía en dicha unidad militar, es un absurdo”.

Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Álvarez García en 1976, sobre la base de pruebas indiciarias recogidas a partir de testimonios y de su legajo, que dan cuenta de su rol en la estructura de la represión clandestino.

Precisamente esas pruebas no fueron tenidas en cuenta por la Cámara de Apelaciones, quien solicitó pruebas “directa” para mantener la imputación y el procesamiento al ex militar.

“Con miles de procesos judiciales en marcha a lo largo y ancho de nuestro país, ha quedado demostrada y probada la existencia de este plan sistemático y clandestino, en la que las pruebas testimoniales  cobran especial relevancia  por las características de estos delitos. Por lo tanto a esta altura exigir “pruebas directas” y valorar las pruebas testimoniales según criterios tradicionales como si se tratara  un delito común,  es meramente un pretexto para seguir perpetuando la impunidad de estos personajes” afirmaron los organismos de Derecho humano.

Agregaron que “no se trata de un razonamiento  ingenuo o  de una desinteresada descontextualización por parte de la Cámara. Bajo el argumento de “falta de prueba directa” la cámara  monta una nueva estrategia   para frenar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad”.

Recalcaron que “de la misma  manera lo hizo anteriormente quien fuera su protegido, el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quién demoró sistemáticamente el avance hacia la verdad y la justicia. Este juez fraccionó las investigaciones e imputaciones en la etapa de instrucción de las causas. Esta ha sido la principal causa, que determino  que el  primer juicio oral por delitos de lesa Humanidad en Jujuy cuente con tan solo tres imputados. La Cámara de Salta convalidó todas sus decisiones. Además con este accionar evitó investigar a los cómplices civiles como el presidente de la empresa Ledesma”.

Precisamente esta Cámara es quien debe determinar en los días siguientes la situación procesal del titular del ingenio azucarero ubicado en Libertador General San Martín.

También  objetaron seriamente el accionar de los jueces que tomaron esta decisión de liberar a Ripoll, y consideraron que “es necesario hacer memoria para saber quién es el Dr. Rabbi Baldi Cabanillas para advertir con claridad su  posicionamiento frente a quien debe investigar. Su padre Renato Rabbi Baldi fue  vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia  durante el gobierno de facto,  es decir bajo la intervención del Coronel Bulacio. Por otro lado la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración de Nación lo denunció ante el Consejo de la Magistratura cuando llamó a la Policía de Seguridad Aeronáutica para que “allanen con cuidado” la casa de su cuñado, el represor Alejandro Osvaldo Marjanov, segundo jefe del Batallón de Comunicaciones de Bahía Blanca, que estaba siendo buscado por la justicia”.

“Esto nos señala  las vinculaciones del Dr. Cabanillas con las fuerzas represivas y sus cómplices civiles. De todo ello da cuenta el accionar de esta cámara en las investigaciones  por los delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy”, consideraron.