“Perro” Santillán: “Estamos muy preocupados por la judicialización de la protesta”

La criminalización de la protesta social es un proceso que el Estado argentino mantiene con insistencia como forma de suspender los conflictos sociales y los posibles cambios. La judicialización de militantes populares y las reformas a medida en las leyes son formas en las que se manifiesta esta complicidad entre poder político, judicial y fuerzas represivas.

En el marco de la judicialización de la actividad sindical del SEOM en San Pedro de Jujuy, el secretario General de este gremio, Carlos "Perro" Santillán, fue denunciado días pasados como "instigador" a cometer delito, por el intendente de San Pedro, Julio Moisés. También fue denunciado el secretario de Organización del SEOM, Alberto Arias, quien los días que se produjeron los hechos denunciados, no se encontraba en aquella ciudad, según aseguran desde el sindicato.

Esta situación llevó al gremio municipal a mostrar su creciente preocupación por la judicialización de la protesta que se promueve desde el Gobierno nacional. Por ello, esta mañana los trabajadores municipales realizaron una asamblea donde trataron éste y otros temas inherentes al sector.

En este sentido, Santillán comentó a Radio 2 que “los temas tratados fueron toda la problemática que viene teniendo el sindicato con respecto a los planteamientos que se han hecho al Gobierno, tanto salarial como el de la precarización laboral y los conflictos abiertos que tenemos en San Pedro y La Mendieta y realmente nos preocupa mucho el tema de la judicialización de la protesta porque parece que con nuestro gremio ha empezado lo que ya la Presidenta en nuestro país judicializar a toda la comisión directiva, delegados y todo lo demás”.

“Lo que la Presidenta esbozó la posibilidad de una ley que, casualmente una diputada nacional como la (Liliana) Fellner acá en Jujuy es la que está preparando el anteproyecto de ‘convivencia ciudadana’ lo llaman. Pero es prácticamente prohibir la expresión de la ciudadanía cuando le violentan un derecho y, sobre todo, cuando los sindicatos ven violados toda su cuestión en lo que respecta al trabajo, en lo que respecta al salario, que es una cuestión alimentaria fundamental respecto de los derechos violentados”.

“Cuando dos derechos se chocan, hace falta un regulador que, en este caso, tendría que ser el Gobierno que, viendo cuál es el derecho fundamental que está en reclamo, no aparece. En el caso del reclamo que llevan hoy los trabajadores estatales, el Gobierno parece ausente, no da respuestas y después prohíbe la libertad de expresión que deben tener los compañeros o los ciudadanos que salen a reclamar”, indicó.

sin embargo, desde el Gobierno aclaran que no se trataría de reprimir la protesta sino de “ponerle límites” a través de las leyes, pero evidentemente su aplicación sería muy subjetiva a la hora de evaluar qué protesta se debe limitar y cuál no. “Eso es prohibir un derecho fundamental como lo es el derecho a peticionar, la verdad que eso está contemplado dentro de la Constitución. Cuando un Gobierno no escucha, ya sea la protesta reivindicativa o política, realmente la ciudadanía tiene derecho a salir a la calle, cortar una calle o cortar una ruta. Muchas veces no lo escuchan ni cortando la ruta. Muchas veces la gente sale a cortar una ruta o la calle para hacerse visible”.

“Cuando les cortaron la luz a miles de ciudadanos en Buenos Aires y no los escuchaban, ¿qué podían hacer si no era cortar una calle por lo menos para que la prensa lo refleje? La verdad que estamos entrando en un período ‘fascistoide’ (sic) de este Gobierno, que ahora se da la mano con el PRO y salen juntos a decir que hay que reprimir la protesta, como en el caso del sindicato municipal que nosotros ya venimos sufriendo”, advirtió Santillán.

Por otro lado, el “Perro” Santillán hizo alusión al derecho que tienen las personas a circular libremente sin que les corten las calles o las rutas, manifestando que “la gente tiene derecho también a decir ‘no me pueden cortar una ruta’, pero ese derecho de cortarle una ruta está chocando con un derecho fundamental que es derecho a la subsistencia, entonces lo que falta es un regulador y el que está en falta es el Gobierno que, casualmente, la mayoría de las veces lo resuelve mandando la represión y ese no es el camino que tiene que ejercer el Gobierno para solucionar los problemas”, finalizó.