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Nueva gobernanza policial

Hay un concepto que paulatinamente se viene instalando en el mundo civilizado y es el de la "gobernanza", que no hace otra cosa que referir a todos los asuntos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante las cuales se regulan y se toman decisiones sobre los distintos asuntos que hacen al conjunto de la sociedad.

También la gobernanza abarca de manera profusa el tema de los derechos humanos, no se concibe una buena gobernanza sin la perspectiva de los derechos humanos y se refiere, sobre todo, al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos.

La gobernanza actual de los asuntos públicos plantea retos considerables y debates académicos intensos, cuestión absolutamente ausente en esta Jujuy donde no existe el debate político y mucho menos el académico. Las autocracias no admiten debate alguno.

Desde el inicio de siglo XXI se producen cambios profundos en diversas instituciones sociales con consecuencias para la gobernabilidad, que debe experimentar una adecuación a las demandas sociales, debe entender que se debe hacer rendición de cuentas y ratificar permanentemente su legitimidad.

Vivimos en una sociedad global, un mundo cada vez mas comunicado, el desafío está en la transformación constante del entorno que provocan las sociedades integrales.

Esas dinámicas se trasladan a las administraciones públicas, mediante nuevas demandas. Para responder a estas, las instituciones se ven obligadas a reformar su estructura y funcionamiento y sus interacciones cotidianas con otros actores.

La policía es quizá de las instituciones que más cambian, precisamente por su sobreexposición al entorno social.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, las fuerzas policiales son actores institucionales que operan en un escenario sistémico; pero también son entes corporativos que aspiran a ubicarse en el entramado institucional como actores influyentes. Su posición privilegiada entre los niveles político-institucionales y la ciudadanía le otorga un rol importante en la gobernanza contemporánea.

Hoy es tiempo de analizar la gobernanza policial a partir de la perspectiva de la sociedad en su conjunto.

El foco podría situarse en las interacciones de la policía con otros actores institucionales y sociales. En ese juego de relaciones, la policía despliega sus estrategias para preservar sus posiciones de poder y legitimidad. Todo ello ocurre en un contexto cambiante, caracterizado por la reducción de las clases medias, la polarización socioeconómica, la diversidad cultural, la creciente deslegitimación de las instituciones tradicionales y las dificultades del poder político para alcanzar determinados objetivos.

Para muchos, este entorno complejo altera las lógicas tradicionales de la interacción, lo que debe obligar a la policía a redefinir su papel político-institucional.

No se puede omitir a la policía en la construcción del Estado moderno, ya que es una institución central. Su rol actual es relevante teórica y políticamente.

En la literatura especializada, la dimensión política de la policía se aborda desde dos perspectivas. Por un lado, se presta atención a su relación con distintos poderes institucionales. Por otro, se fija en los intercambios que entabla con la ciudadanía.

Hoy, la forma de gobernar autocráticamente avanza frente a las jerarquías tradicionales, como también el ámbito judicial también gana protagonismo frente al legislativo y ejecutivo.

La ciencia política moderna, evidencia cómo la gobernanza pública registra transformaciones profundas en los últimos lustros. Las tendencias principales de cambio se pueden ordenar en dos ejes: uno verticalmente, donde el poder y la toma de decisiones avanza desde el ámbito nacional al supranacional y también al local; pero hay otro más interesante y que se viene imponiendo en el mundo moderno, es el eje horizontal donde se desdibujan las fronteras tradicionales público-privadas y con la sociedad civil. Hoy se entiende a la gobernanza pública como la interacción de los tres sectores.

Estos cambios para nada implican necesariamente pérdida de poder o control. Para confirmarlo, hay que centrarse no en las instituciones, sino en las relaciones del Estado con otros actores y en la mentalidad que hay detrás.

El entorno de la policía cambia radicalmente y tienen lugar en múltiples niveles y muchas de las nuevas situaciones a gestionar implican mayor complejidad e incertidumbre. Numerosa delincuencia se complejiza y globaliza, ya sea de forma física o virtual a través de la red.

Esto desencadena en un proceso de pluralización y privatización de la seguridad pública en el cual aparecen nuevos actores. De forma creciente, la seguridad se provee por redes de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Para algunos la policía ya no ocupa la centralidad en materia de seguridad, las personas apelan a la seguridad privada ya que el Estado no cumple con una de sus funciones excluyentes.

Se debate ahora hasta qué punto esa situación nueva conlleva a un menor protagonismo del Estado como actor de referencia en el campo de la seguridad.

Para adaptarse al nuevo entorno y sus incertidumbres, la policía de Jujuy debería entrar a un proceso de redefinición de su rol y función. Ello plantea un segundo tipo de incertidumbres relativas a su capacidad para mantener los principios de una policía democrática y afrontar eficazmente, al tiempo, las nuevas amenazas a la seguridad.

De ese equilibrio depende su legitimidad. La policía, como institución debe definirse si está al servicio del Gobierno o al servicio de los ciudadanos.

Todo lleva a la necesidad de un nuevo modelo de organización policial, que integre las funciones contra el crimen organizado con la de proteger la seguridad diaria del ciudadano.

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