“Necesitamos una ley provincial de defensa del consumidor”
Según Galarza, la Defensoría del Pueblo de Jujuy, que recientemente mudó sus oficinas a su nueva dirección en calle Arenales 1219 para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, recepciona en mayor medida denuncias en relación a los servicios que brindan las empresas de telefonía celular.
“La mayor cantidad de denuncias que tenemos es respecto al área de defensa del consumidor y dentro de esa área el tema de los servicios públicos nacionales, que en este caso no es un servicio público porque es de interés público el tema de la telefonía móvil”, explicó el Defensor del Pueblo a la vez que aclaró que esto es lo que se ha dado a conocer en el informe anual presentado por el organismo público que preside.
En ese sentido, se refirió a las dificultades que muchas veces se presentan cuando se intenta avanzar a raíz de una denuncia presentada por el usuario de un servicio de telefonía celular. Esto, explicó, ocurre debido a que existe un vacío legal para defender los derechos de los usuarios de la provincia de Jujuy, puesto que los tribunales arbitrales de consumo funcionan en Buenos Aires, mientras que en nuestra provincia solo hay un órgano de adhesión a la ley.
“Sería necesario tener una ley provincial de defensa del consumidor. Que haya un procedimiento administrativo completo para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.
Luego agregó: “todos los organismos municipales, provinciales y nacionales, todas las empresas privadas que brinden un servicio o comercialicen un producto, tienen que saber cuáles son las reglas que existen en las provincias que se tienen que adecuar a la defensa del usuario”
Por otra parte, Galarza advirtió que este último tiempo han recibido numerosas denuncias con respecto a cobros de supuestas deudas inexistentes efectuados a nombre de una empresa de telefonía de Buenos Aires. La cancelación de dichas deudas, aclaró, la estaría llevando a cabo una empresa de cobranzas, aunque de acuerdo a los que denuncian muchos usuarios tales deudas no corresponderían.
Lo que aconseja el Defensor del Pueblo ante estas dudosas “intimaciones de apariencia judicial”, es que los usuarios se cercioren de que dicha deuda existe antes de efectuar el pago correspondiente.