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Milagro Sala continúa con el acampe en Plaza Belgrano

A pesar del espeso clima y el prácticamente nulo respaldo social, los dirigentes de las organizaciones sociales se resisten a las nuevas formas de pago a los beneficiarios de planes sociales anunciada por el Gobierno y recurren al método del acampe para presionar.

A pesar del rechazo del resto de la sociedad, los dirigentes de las organizaciones sociales, encabezados por milagro sala, continúan con el acampe en Plaza Belgrano.

En el tercer día hábil del nuevo gobierno, el grupo de personas que se benefició con el manejo de millonarios fondos públicos durante todo el gobierno kirchnerista, pretende continuar con los mecanismos que les permitieron administrar dinero de todos los contribuyentes argentinos, sin control, de forma discrecional y sin rendir cuentas a la sociedad de la forma en que se utilizaron esos recursos.

Tal como lo expresó durante la campaña, el Gobernador Gerardo Morales avanza hacia la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Mediante un proyecto de ley, impulsa la bancarización del dinero que el Gobierno Nacional envía a las cooperativas para la construcción de viviendas, a fin de que los dirigentes no puedan retirarlo de los bancos en efectivo para posteriormente gastarlo sin control.



De aquí en más, los dirigentes sociales deberán identificarse en un registro y acreditar la forma en que utilizan los dineros públicos. En otras palabras, el Nuevo Gobierno busca volver a la normalidad. Pero el acampe sigue y en medio de todo esto, tuvo lugar una tragedia.

Con el objetivo de poner un límite a la transgresión permanente del orden en las calles jujeñas, el Gobernador Morales había solicitado la ayuda de efectivos de Gendarmería Nacional. Cuando viajaban hacia nuestra provincia, el colectivo que los transportaba desbarrancó y 42 gendarmes perdieron la vida. Tres de ellos eran jujeños.

A pesar del espeso clima y el prácticamente nulo respaldo social, los dirigentes de las organizaciones sociales se resisten a las nuevas formas de pago y recurren al desgastado método del acampe para presionar al Gobierno.

El débil argumento es la apertura de un “canal de diálogo”. Al parecer, pretenden seguir monopolizando el uso de los recursos para la construcción de viviendas y aseguran que las nuevas autoridades buscan reemplazar a las cooperativas actuales por otras que les sean afines políticamente. Sin embargo, no se conoce prueba alguna de tal situación. Y en caso de que esto fuera cierto, los cooperativistas que hoy no reciben dinero del Estado para realizar obras tendrían el mismo derecho de aspirar a recibirlo. Se trata, ni más menos, de la lucha por conservar cuotas de poder. Un poder que la gente les quitó el pasado 25 de octubre.