Los abogados piden que se cubran por concurso las vacantes en la Justicia
Atentos a esta situación el Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy, remitió una misiva al máximo órgano de justicia, en la cual solicitan que estos sean cubiertos mediante un sistema de concursos de antecedentes y oposición, tal cual lo establece la Constitución Provincial.
La nota que lleva la firma de Luis Alfredo Canedi, Presidente del Colegio de Abogados, expresa entre cosas que “es aspiración del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy que se reglamente por el órgano competente, el procedimiento a observar para tener la posibilidad de acceder a cubrir los cargos de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Jujuy”.
Fundamentan esta posición, afirmando que “El Poder Constituyente ha establecido en la Carta Magna Provincial la conformación del Poder Judicial, los requisitos que deben reunir y la forma de designación de sus integrantes”.
“Lo que no está reglamentado es cómo una persona que reúne las condiciones para integrar el Poder Judicial debe proceder para poder acceder a ocupar un cargo de magistrado, integrar el ministerio público, fiscal o ser empleado”, expresan los letrados en la nota fechada el 18 de junio de 2014.
“Dada la omisión apuntada y atento a que todo ciudadano tiene derecho al acceso a los cargos públicos, resulta necesario reglamentar el procedimiento que les permita ingresar a quienes pretendan hacerlo”, dicen los abogados.
También respaldan su solicitud afirmando que esto se compadece con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Provincial en cuanto estatuye que la ley debe reglamentar los casos en que los “ingresos deben realizarse previo concurso de méritos y ello está establecido en la Acordada 32/88”
Por ello se impone reglamentar los concursos a los cuales se habrán de someter a las personas que aspiren ingresar al Poder Judicial, reglamentación que deberá contemplar las características especiales de las funciones a cumplir.
Para los letrados la reglamentación debe permitir “seleccionar” a los postulantes mediante un procedimiento que garantice una “adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación, privilegiando la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”.
Jueces, funcionarios y empleados tienen por cometido cumplir una función pública donde el interés general prima sobre el interés individual o sectorial principio del cual proviene la obligación de quienes forman el Poder Judicial de desempeñar sus funciones con rectitud, esfuerzo y responsabilidad.
“Los más idóneos son quienes pueden dirimir los conflictos con mayor calidad y rapidez, de allí la importancia de premiar la idoneidad, siendo una de las formas de hacerlo la selección de quienes ingresen mediante concursos que garanticen transparencia, igualdad de oportunidades y publicidad”, expresa la nota rubricada por Canedi.
Para elegir a los mejores, los juristas locales piden la existencia de un procedimiento de “selección para el ingreso y de concursos para los ascensos que considere antecedentes y evaluación teórica práctica”.
El régimen de concursos debe ser riguroso y permitir la concurrencia de cualquier integrante de la colectividad, “eliminando toda forma de influencia que pudiera invocar algún postulante”.
“Atento a la existencia de cargos vacantes que se deben cubrir con premura para evitar la demora en los procesos y siendo la estabilidad en ellos garantía para los justiciables, resulta un imperativo que no sean subrogantes quienes cumplan las funciones sino que sean los designados conforme al régimen legal y previsto proceso de selección”
Finalmente el Colegio de Abogados solicita al Superior Tribunal de Justicia que “se reglamente con la premura que las circunstancias exigen el procedimiento de concurso para la selección de aspirantes”.
Hasta el momento no hay respuesta por parte de las autoridades, pero los abogados del foro insistirán hasta tanto se de cumplimiento a lo solicitado que no es otra cosa que aplicar la normativa ya existente.