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La Tupac deberá responder por los daños en Plaza Belgrano

Lo anunció el Gobernador Gerardo Morales mediante una solicitada. La Tupac Amaru deberá responsabilizarse por los daños ocasionados en Plaza Belgrano por el acampe que realiza allí desde hace casi dos semanas. Además, se indemnizará a comerciantes adyacentes que hayan realizado la denuncia.

Tras las quejas y denuncias de la gente y de los comerciantes que tienen sus negocios en las adyacencias de Plaza Belgrano, el Gobierno provincial decidió responsabilizar a la organización Tupac Amaru por los daños ocasionados, tales como roturas, reparación de la plaza, infraestructura y multas, así como también efectuar el cobro judicial y los embargos correspondientes por los mismos a dicha organización social.

En este sentido, el Gobierno también aseguró que realizará una indemnización a los comercios adyacentes que se hayan visto notoriamente perjudicados en sus ventas por el acampe que persiste allí desde hace casi dos semanas y que además hayan realizado anteriormente un reclamo judicial o administrativo correspondiente.

Para cobrar dicha indemnización, es imprescindible concretar la denuncia del daño sufrido en sede administrativa del Gobierno de la provincia o denuncia policial o judicial.



El anuncio se da en el marco del hartazgo que ha mostrado la población en los últimos días por la obstrucción en la circulación que significa el acampe de la Tupac Amaru y por los daños ocasionados en la Plaza Belgrano, así como la basura tirada en el suelo y los olores nauseabundos que emanan en las adyacencias que son utilizadas como baños.

La molestia de la población es porque los integrantes de la Tupac Amaru han transformado la plaza principal de Jujuy en un camping, donde se dan el gusto de jugar al fútbol, comer, bañarse en la fuente y ahora también en piletines oportunamente instalados por la organización.

Cuesta creer que lo que moviliza todo esto es el interés de unos pocos dirigentes sociales que no quieren perder el poder del reparto de las asignaciones y bolsones de manera discrecional, lo que les aseguraba tener un grupo de gente cautiva, algo que el Gobierno de Gerardo Morales prometió ponerle fin, distribuyendo estos beneficios de manera directa, sin intermediarios.