La doble moral del fellnerismo al desnudo por la garrafa social
Un ex funcionario, que se desempeñó durante toda la gestión del ex gobernador, tenía la responsabilidad de controlar el manejo del programa de distribución de garrafas en toda la provincia, pero al parecer cuidaba otros intereses.
Se trata del ex director de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de la Producción, Néstor Acosta. Su jefe directo fue el ex Ministro de Producción, Gabriel Romarovsky.
Entre sus deberes, Acosta tenía la obligación de combatir el tráfico de garrafas en forma clandestina con envases no autorizados por el estado, las que se cargan y comercializan a precios exorbitantes, ajenos a la función social del programa.
De manera sorprendente, este mismo ex funcionario se presentó hace algunas horas como abogado defensor de personas sospechadas de realizar esta actividad ilícita: el contrabando de garrafas, cuando dos camiones fueron secuestrados en el control caminero de la localidad de Pampa Blanca, repletos de los envases clandestinos.
Según denuncian las nuevas autoridades, Acosta no tuvo reparos en apersonarse como apoderado legal de las personas que realizaban la actividad.
Al parecer, quien tenía la responsabilidad de velar para que las actividades ilícitas no perjudiquen a las personas más humildes, se ve, al menos, relacionado con quienes trasladaban garrafas truchas.
Todo el entramado se conoce a través de una denuncia pública realizada nada menos que por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien pidió que sus ministros que vayan a fondo con la investigación del oscuro sistema que se montó durante el gobierno de Fellner.
El programa de entrega de garrafas a precio social fue uno de los grandes escándalos del fellnerismo.
El estado nacional volcó miles de millones de pesos con el objetivo de subsidiar el consumo de gas de las personas más humildes, aquellas que no tienen acceso a una red de gas domiciliaria.
Pero los funcionarios provinciales de turno, junto a inescrupulosos empresarios, demostraron su voracidad por los recursos públicos y escondieron las garrafas sociales para revenderlas a precios exorbitantes.
Ni el frío ni la pobreza importaba. Sólo fue la oportunidad de hacer un buen negocio. Ilegal, pero rentable, según su razonamiento.
El escándalo llegó a la justicia, aunque los avances fueron escasos. Hoy, la audacia de un ex funcionario vuelve a poner el tema sobre el tapete. Debía controlarlos, pero los defiende.
Es otro costado más de la doble moral que gobernó la provincia durante casi dos décadas.