La comunidad “Cueva del Inca” realiza un pedido Hábeas Corpus colectivo

La comunidad  Cueva del Inca promueve una acción de habeas corpus preventivo con alcance colectivo ante la Justicia para asegurar la integridad física de cada uno de los integrantes de la comunidad, como así también cuestiona las órdenes de desalojo ilegales ejercidas por los ayudantes fiscales que presentaron una notificación sin orden de un juez, y a la vez con fecha del mes de  mayo de 2012, obligando firmar la misma a uno de sus integrantes el pasado 29 de enero.

La Comunidad Cueva del Inca, fue convocada este lunes a una audiencia por el Juez Dr. Mario González en el Tribunal en lo Criminal N°1 vocalía 2 en la ciudad de San Salvador de Jujuy y  ante ello la comunidad  presentó un pedido de Habeas Corpus, el mismo consiste en un amparo que protege la libertad ambulatoria de las personas frente a amenazas de la libertad o violaciones efectivas a la libertad ambulatoria.

La presentación del habeas corpus se debe “a que la comunidad viene siendo intimada a que desocupe el inmueble por parte del ayudante fiscal Paredes y Alancay, quienes trabajan en la Policía de Tilcara y Humahuaca, y ya le han hecho intimaciones en dos oportunidades, una en septiembre y otra en enero, siendo que está prohibido por ley,  intimar a cualquier comunidad indígena a desalojar.

Entonces ante el temor que se vea afectada la libertad ambulatoria de los miembros de la comunidad, se hizo la presentación como medida urgente para frenar también las intimaciones” agregó la  abogada María José Castillo, quien estuvo asesorando a la comunidad.  

La comunidad fue notificada el pasado 29 de enero a una orden de desalojo, algo que fue muy cuestionado por los integrantes de la misma, ya que no se están respetando las leyes como la ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria “es una situación irregular, hay mal desempeño y connivencia entre los ayudantes fiscales y quienes se creen dueños. El juez no mandó la orden de desalojo, ni el fiscal, sino el ayudante fiscal  que decía que cumplía órdenes del fiscal, pero el fiscal tampoco, puede mandar un desalojo o sea que es una orden ilegal, ilegítima y ahora se verán las consecuencias”, agregó finalmente la  Dra. Castillo.

La comunidad espera una respuesta positiva de parte del juez respecto al habeas corpus y a su situación judicial en general, ya que viven atropellos permanente y se vienen realizando las denuncias correspondientes ante la Justicia.

Alcira Mamani, integrante de la comunidad, agregó que “nosotros estamos teniendo problemas con estas personas ya desde hace mucho tiempo (más de cinco años) por estas personas que se dicen ser dueños, la familia Mendoza y estamos sufriendo hostigamientos, persecuciones no solamente de esta familia sino también por parte de las autoridades o estas personas que están para cuidar el orden público, pero bueno se ponen en lugar de la otra persona y nos hacen ver a nosotros como que nosotros somos los que provocamos los incidentes, cuando nosotros estamos tranquilos haciendo nuestros trabajos comunitarios. De tanto así que no pudimos estar tranquilos que tuvimos que llamar a otras comunidades que nos vengan a apoyar a hacer nuestro trabajo comunitario que consiste en una minka”.

La minka es una actividad ancestral que siguen teniendo los pueblos originarios y es la actividad que realizó la comunidad Cueva del Inca los últimos días del mes de enero “consiste en juntarse en una comunidad juntarse todas las familias y ayudar a hacer un trabajo para el bien de la comunidad o integrantes de la comunidad, todos se esfuerzan trabajando ya sea para una casa, o para un salón comunitario, o para ir a sembrar en una familia, luego en otra y para todos sea igual la ayuda. Es también intercambiar ideas, en el caso de nosotros cuando nos juntamos en esta minka con otras comunidades, nos fuimos conociendo, también participan los niños, participan los ancianos, los jóvenes, todos”, destacó Alcira Mamani.  

La abogada Mariel Bernal, técnica del área legal del RETECI en la provincia de Jujuy, mencionó que el programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, establece en cumplimiento de una ley que es la ley 26.160, una ley que prohíbe el desalojo, sean judiciales o administrativas de las comunidades aborígenes.

El RETECI es un relevamiento técnico jurídico catastral sobre el territorio donde las  comunidades hagan ocupación actual, tradicional y publica. Hay una parte social donde se elabora un informe histórico antropológico, hay una parte de geo donde se hace una cartografía donde se trata de establecer cuál es el territorio de la comunidad y una parte legal donde se hace una propuesta legal para la comunidad.

Una vez elaborada esta carpeta técnica se envía al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) de Nación, se forma un expediente administrativo donde sale una resolución final con aprobación.

Ante los intentos de desalojo que vienen teniendo las distintas comunidades indígenas en la provincia de Jujuy, la abogada Bernal expresó  que “es terrible la situación que están atravesando las comunidades, pero lo más terrible es ahí el desconocimiento de parte del poder judicial de algunas leyes como ser la ley 26.160 que es una ley de orden público, esa ley es clara en el amparo de las comunidades, entonces cuando una comunidad recibe una orden de desalojo, lo que tiene que hacer es invocar esta ley”, finalizó.