Mientras la provincia atraviesa una fuerte crisis energética, con miles de usuarios afectados por cortes de suministro, un diputado provincial expuso profundas irregularidades financieras, contractuales y tributarias en torno a la empresa prestataria EJESA y su vínculo con el gobierno provincial.
Los últimos días estuvieron atravesados por fortísimos vientos zonda, los cuales provocaron cortes de luz en varios puntos de Jujuy.
La problemática fue más allá del fenómeno meteorológico ya que desnudó las falencias de la empresa EJESA, con sectores sin servicio por más de 30 horas, situación que derivó en duros reclamos de los usuarios.
A la par, las respuestas de la compañía energética dejaron mucho que desear.
En diálogo con Radio 2, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Federico Canedia, lanzó duras acusaciones contra la empresa distribuidora EJESA, el organismo de control SUSEPU y el Poder Ejecutivo. El legislador denunció la falta de transparencia en un convenio que obliga a los jujeños a pagar la energía sustancialmente más cara que en el resto del país y detalló cómo el componente impositivo devora el monto final de las boletas.
Uno de los puntos más alarmantes expuestos por Canedi radica en la triangulación comercial de la energía local. Según el legislador, a través de la desregulación nacional, EJESA compra energía generada en la provincia mediante un convenio de iniciativa privada entre la empresa estatal JEMSE y la firma SECCO (vinculada a los parques solares).
"EJESA le paga a JEMSE el kilovatio hora a 79 dólares, mientras que en el mercado mayorista nacional promedia los 60 dólares. El problema real es que, mediante una resolución de la Secretaría de Energía, se les permite el 'pass-through', es decir, pasar ese mayor costo directamente a la tarifa del usuario final. Nos aumentan el costo del insumo básico un 38% por un acuerdo cerrado entre gallos y medianoches", disparó el diputado, quien ya presentó un pedido de informes en la Legislatura que aún no fue respondido.
El diputado desglosó matemáticamente la composición de las tarifas que reciben los hogares jujeños, calificando la situación de "abusiva" y demostrando que la infraestructura por la que se cobra un altísimo cargo fijo es, en la realidad, deficiente o inexistente.
El legislador opositor recordó que la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la Resolución 267, prohibió taxativamente a los municipios y provincias incluir tasas y contribuciones ajenas al consumo eléctrico dentro de la misma factura de luz. Sin embargo, la provincia de Jujuy adoptó una postura judicial activa para evitar esta transparencia.
"La provincia interpuso una acción de amparo contra de esa resolución de Nación. Tienen una conducta coherente de respaldar el obrar de la empresa para que el usuario final siga pagando de manera cautiva un montón de impuestos que no tienen nada que ver con prender la luz en su casa", sentenció.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la justicia jujeña actúe de oficio frente a los reiterados cortes de servicio que sufrieron miles de usuarios, el abogado fue tajante al señalar que la justicia no actúa de forma autónoma a menos que exista una denuncia penal, por lo que actúa siempre "a instancia de parte".
En ese sentido, apuntó de lleno contra el ente regulador de los servicios públicos: "La SUSEPU sabe que hay una ley que es proteccionista del usuario, pero hoy ejerce un control meramente simbólico. Es el organismo que tiene el poder de policía y debería ser el custodio de los derechos del consumidor, pero mira para otro lado".
