Invitan a colegiarse a profesionales vinculados a la criminalística y criminología

En diálogo con Jujuy al Momento, el actual presidente de la comisión directiva, Jorge Rodríguez expresó: "este es un anhelo de hace muchos años que recién el año pasado pudimos poner en marcha debido a que la Legislatura provincial, a través de la ley 5826, creo el Colegio de Profesionales en Criminalística y Criminología".

No obstante eso, explicó que recién este año se lograron cumplir todos los requisitos y es por ello que el pasado sábado 16 se conformó la primer comisión directiva.

"Este colegio va a administrar las matriculas. Va a controlare el ejercicio de la profesión", remarcó el licenciado quien consideró oportuno aclarar que el colegio en cuestión no solo nucleará a los licenciados sino también a los técnicos y peritos en criminalística y criminología.

En ese contexto, destacó que son amplias las áreas de incumbencia de estos profesionales que hoy son suman alrededor de 80 personas especializadas. "licenciados en criminalística, peritos caligráficos, peritos en accidentología vial, peritos en balística, etc".

Por su parte, el licenciado José Moreno hizo hincapié en la importancia de este respaldo para los profesionales. "Que la Justicia pueda acceder a profesionales que tengan el título habilitante y no solo un certificado" sostuvo, al tiempo que remarcó que estas irregularidades , que se dan principalmente en el ámbito privado, son peligrosas dada la importancia de la pericia en sí.

La Ley 5826 establece la creación del colegio provincial de profesionales en criminalística y criminología; y las normas de ejecución de la profesión dentro del territorio provincial.

Entre los requisitos necesarios para ejercer la profesión se encuentran: poseer título nacional de Perito Documentólogo, Accidentólogo, Balístico, Licenciado en Criminalística y Criminología o cualquier otro título equivalente otorgado por universidad nacional, provincial, regional o privada habilitada por el Estado, como así también por instituciones de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales, nacionales o provinciales que tengan los planes de estudios aprobados por las autoridades educativas competentes; y poseer plena capacidad civil, sin inhabilitación judicial o administrativas para el ejercicio de la profesión.