Informe de la ONU: Argentina avanza en el reconocimiento de los derechos indígenas

En diálogo con Radio2, consideró que es “un insumo para la generación de políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas”.

Recordemos que Anaya en su estadía en  Jujuy  se reunió con comunidades indígenas para conocer problemáticas, como las registradas en Salinas Grandes, Abra Pampa, Pan de Azúcar, Humahuaca, Tilcara y Maimará, relacionadas con derechos territoriales, derechos a la salud, la educación, a la consulta y la participación, entre otros.

También escuchó a mujeres indígenas y recibió documentación referida a los obstáculos que en forma particular afectan a las mujeres en el acceso a la educación.

“El informe de alguna manera es la visión de un aspecto en los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y de alguna manera llama la atención y hace una lista de recomendaciones al Estado argentino”, recalcó Natalia Sarapura.

La dirigente valoró  las observaciones  y evaluaciones del Informe como las recomendaciones al Estado Argentino y al Gobierno de Jujuy y señaló que constituyen “un importante insumo que debe convertirse en una guía práctica para mejorar las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas”.

Entre las situaciones de conflicto que destaca el informe se encuentran las generadas por los pasivos ambientales de Metal Huasi (Abra Pampa), Pan de Azúcar, la situación de las comunidades de Salinas Grandes que reclaman su derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado en el marco del avance de las industrias extractivas como el litio; pero además el informe recupera las situaciones de violaciones de derechos a la educación, a la salud, el desconocimiento del derecho a consulta y consentimiento.

En particular, señala la escasa participación indígena en la gestión de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, por lo que efectúa recomendaciones específicas.

Señaló Sarapura que “la realidad de los pueblos indígenas de esta provincia tiene una alta presencia en el informe y, de hecho, al único gobierno provincial al que se dirige en las recomendaciones es al de Jujuy”, en relación a la Quebrada de Humahuaca.

La referente del COAJ consideró que el informe aprecia los avances producidos en Argentina en el reconocimiento de los derechos indígenas, pero al mismo tiempo señala la distancia existente entre el derecho y su efectivo cumplimiento. “Esa brecha es una realidad que el COAJ viene señalando con el objeto de promover políticas públicas que subsanen ese déficit y ayuden a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones”.

Sarapura explicó que la Relatoría –en su análisis de la situación de los pueblos originarios- trabaja con los más altos estándares reconocidos en el derecho internacional, que deben regir en los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas y por ello constituyen un horizonte hacia el cual los estados están obligados a avanzar”.

El informe provee “insumos para que todos los funcionarios y decisores públicos puedan usar como herramienta práctica para cumplir con los derechos indígenas” subrayó Sarapura.

La dirigente precisó que la Relatoría de la ONU sobre Pueblos Indígenas es la instancia “más proactiva del sistema”, porque efectúa propuestas concretas para contribuir a que los gobiernos puedan poner en línea sus programas de acciones con los derechos reconocidos.

Si bien las recomendaciones de la Relatoría no son coercitivas y su incumplimiento no es objeto de sanciones, la Relatoría es un organismo de vigilancia que los estados deben observar y cumplimentar.

Además, indicó Sarapura, “la Relatoría puede pedir informes acerca del cumplimiento de las recomendaciones para actualizar la información sobre las realidades observadas y constituyen un antecedente para las organizaciones y comunidades que -ante la persistente violación de derechos- pueden recurrir a la judicialización” advirtió.

Sarapura destacó que el Informe de la Relatoría formará parte del informe anual al Consejo de Derechos Humanos y agregó que es una herramienta que se lleva también al máximo órgano de la ONU, la Asamblea General.
 
Derecho Indígena

“Cuando se trata de derechos indígenas la vía de interpretación es mínima, quiero decir que se hace desde una visión reduccionista del derecho” opinó Sarapura al analizar otra parte del informe donde hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas y que afectan especialmente a nuestra provincia.

“Por ejemplo ahora se está diciendo  que el consentimiento libre previo informado es cuando una empresa quiere entrar en una comunidad solamente y la generación de políticas también se debe consentir. Que quiero decir que si vamos a definir una ley que afecta a intereses de los pueblos indígenas, la ley debe ser consultada. Es el caso de regalías que se discutió y no fue consultada; el caso de las creación de la empresas que se discutió se aprobó y ya se nombraron sus autoridades y no fue consultada. Se supone que la empresa va a trabajar y tiene que ver con los intereses de los recursos naturales que hay en territorios indígenas. Es decir si vemos el derecho de consentimiento desde una visión reduccionista, estamos de nuevo violentando derechos indígenas” sostuvo más adelante Sarapura.

Sobre las explotaciones mineras en la provincia y las comunidades indígenas, considero que “Nosotros tenemos dos temas urgentes. Uno es la decisión de avanzar en la explotación del litio y el otro tema que nos está motivando mucho es la reforma del Código Civil y la incorporación del tema indígena referido a la tierra comunitaria. Vemos el anteproyecto y sinceramente queremos que se tome la decisión de avanzar en analizar la tierra comunitaria y ver cómo se avanza en su consagración. Pero vemos el anteproyecto con mucha preocupación; estamos recibiendo las opiniones de las comunidades y la verdad son muy preocupante. El anteproyecto es un retroceso de la constitución nacional cuando plantea las tierras comunitarias”.