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Imputan a Sub jefe de Policía en la causa por la represión en Libertador

El actual Sub jefe de la Policía, Hugo Fabián Sosa, fue imputado en la causa que investiga la Juez de Instrucción de Causas, Dra. Ana Pérez Rojas por la represión de Libertador y que causó la muerte de cuatro personas.

De acuerdo a la resolución de la Magistrada, Sosa junto a  los comisarios generales retirados Jorge Ayarde y Sergio Vilca, los comisarios mayores Néstor Vera y Miguel Ángel Castro y los comisarios inspectores Federico Flores y Marcos Reyes, están imputados por la supuesta autoría de los delitos de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Desobediencia Judicial”.

A consecuencias de esta imputación, el Sub Jefe de la policía de la provincia deberá presentarse este viernes en el Centro Judicial de San Pedro para prestar declaración testimonial junto a los otros imputados, confirmaron fuentes judiciales.

El 28 de julio del 2011, en una violenta represión ordenada por el Juez Jorge Samman y ejecutada por la Policía de la provincia, en el sector de “el Triángulo”, un predio perteneciente a la empresa Ledesma S.A., murieron cuatro personas,  Alejandro Farfán, Félix Reyes, Víctor Heredia, todos civiles, asesinados por armas de fuego y Juan José Velásquez, agente de policía.

En esa oportunidad se desalojaron a 700 familias en una injustificada y violenta represión que arrojó como saldo del actuar represivo policial, además de los cuatro muertos, más de 30 heridos y 30 detenidos, en siete horas de una incesante represión por parte de la Policía de la provincia de Jujuy.

Samman dictó la orden de desalojo del predio, el día antes de salir de feria judicial y aparentemente no habría advertido a la jueza subrogante, la Dra. Ana Carolina Pérez Rojas que se iba a realizar este desalojo.

El predio de “El Triángulo” de unas 15 hectáreas, era ocupado en ese entonces por gente perteneciente a la Corriente Clasista y Combativa, y  vecinos de Libertador que no necesariamente pertenecían a la organización liderada por Kike Mosquera.

Según la Resolución de la Dra. Pérez Rojas, al considerar los requerimientos formulados por el Agente Fiscal Dr. Carlos Demetrio Parentis, también fueron procesadas dos personas por la muerte del agente de policía Alejandro Emanuel Farfán. Por distintos delitos, fueron imputadas más de una veintena personas entre civiles y jefes policiales, en tanto se profundizarán las investigaciones por los homicidios  de Félix Víctor Hernán Reyes, Ariel Arnaldo Farfán y Juan José Amador Velázquez.

Según resolución que consta en el Expediente Nº 2658/12, la magistrada dispuso  el procesamiento de Mario Alberto Tapia como supuesto autor del delito de Homicidio Calificado por la condición funcional del sujeto pasivo y con arma de fuego, y de Aldo Emilio Claro como supuesto autor del delito de  Participación Criminal en Homicidio Calificado por la condición funcional del sujeto pasivo y con arma de fuego.

Asimismo convirtió en prisión preventiva la detención de los procesados, los cuales continuarán alojados en el  Servicio Penitenciario hasta nueva resolución.

Además, en el Expediente Nº 97/11 se promueve acción penal contra  dieciséis personas como supuestos autores de los delitos de Atentado y Resistencia a la Autoridad y Daño Calificado; mientras que por la supuesta comisión del delito de Instigación fueron imputados Andrés Enrique Mosquera, Manuel Armando Chigre y el apodado “Pepe” apellidado Ibáñez.

En la misma resolución judicial se imputó a  los comisarios generales retirados Jorge Ayarde y Sergio Vilca, los comisarios mayores Fabián Sosa, Néstor Vera y Miguel Ángel Castro y los comisarios inspectores Federico Flores y Marcos Reyes la supuesta autoría de los delitos de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Desobediencia Judicial.

En relación a los delitos de Triple Homicidio y Lesiones, la Dra. Pérez Rojas hizo lugar a la solicitud de realización de nuevas medidas tendientes a profundizar la investigación y establecer la identidad de los responsables de los hechos,  para lo cual se llevarán a cabo, entre otras, la ampliación de denuncias y testimoniales, y la citación de nuevos testigos.

    

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